Miércoles, 30 de Septiembre de 2020

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PALMERAS SALVAJES

La justicia española y el efecto Streisand

Cuando las víctimas de un supuesto delito consideran que eso no es delito, y el Estado insiste en llevar a los acusados a los tribunales, ¿qué es?

En el juicio en el que la Audiencia Nacional absuelve a César Strawberry, el fiscal dice que sus tuits ponen “en grave peligro nuestra convivencia política y paz social”. Y pide un año y ocho meses de cárcel. O sea que poner en riesgo la democracia en España, alterar nuestra sagrada convivencia y nuestra paz social, cuesta sólo un año y ocho meses de cárcel según el Fiscal. Así que esa frase tiene carácter periodístico, porque nosotros no nos habíamos enterado de que estábamos en peligro a causa de esos tuits. Y esto es una constante: hay una justicia española que está entregada al efecto Streisand, ése en el que haces famoso a alguien por una cosa que dijo y de la que nadie se enteró. O sea que quizás el riesgo de convivencia lo está poniendo involuntariamente la denuncia.

A estas alturas todavía no sabemos exactamente cómo están las víctimas de su delito, salvo que seamos todos como dice el fiscal. Que es el segundo punto: no hace falta que nadie se sienta ofendido para que la Fiscalía considere que sí lo está. Para agitar al resto no hace falta más que eliminar el contexto, el tono y el carácter que imprime una red social y la sucesión de mensajes. Pero quien mide el grado de ofensa y estudia si está a punto de romperse nuestra convivencia y nuestra paz, es el fiscal.

Llevamos cuatro años con esta canción. En España ha estado encerrada una compañía de tiriteros por representar una obra de ficción en la que se hacían cosas de ficción, y no les dejaron salir porque se consideraron un peligro público. Ha sido juzgado un concejal por un chiste de Irene Villa del que Irene Villa dijo que le hacía gracia. Va a ser juzgada una chica por un chiste de Carrero-Blanco del que la nieta de Carrero-Blanco ha dicho que es “un absoluto disparate que busca atemorizar”. Entonces yo te pregunto, cuando las víctimas de un supuesto delito consideran que eso no es delito, y el Estado insiste en llevar a los acusados a los tribunales, ¿qué es? ¿Qué se quiere hacer?

 

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