80 familias "destrozadas" tras frustrarse sus adopciones en Etiopía y Burundi

Madrid

Ochenta familias españolas se han quedado sin poder adoptar en Etiopía y en Burundi por el cierre de la entidad mediadora que estaba tramitando sus expedientes. La ong Addis Galicia les había pedido recientemente más dinero para poder seguir abierta. Algunas de las familias llevaban cinco años con las gestiones y tienen asignado ya un niño, por lo que en algunos casos pagan 215 euros al orfanato donde se encuentran para su manutención. La Xunta les comunicó este martes el cierre del organismo, aunque no les ha aclarado qué pasará con sus procesos de adopción. Alfonso López, uno de los afectados, ha detallado en La Ventana cómo están viviendo la situación y cómo se estaba llevando a cabo la tramitación de su solicitud.

"Estamos muy mal, estamos destrozados, y encima parece que la culpa es nuestra", ha confesado López. Él y su mujer son una de las parejas que el 1 de febrero recibieron un correo electrónico de la Xunta en la que les alertaba de que Addis no tenía viabilidad económica y les dieron un plazo de 12 días para pagar 6.700 euros en el caso de las familias con expediente en Burundi y 6.000 más un donativo de 8.000 para las familias con expediente en Etiopía: "Todo esto sin garantías ningunas. Después de tres o cuatro años en absoluto silencio desde que hicimos el primer desembolso.  Fue como si te pusieran una pistola en el pecho".

López y su mujer, al igual que el resto de afectados, aseguran que sabían dónde se metían cuando iniciaron los trámites, que conocían perfectamente que la adopción internacional es un proceso largo, pero ha asagurado que a él le daban un plazo de año y medio o dos años. "Lo que hicieron hace cuatro años es que empezaron a cruzar expedientes y venga a pedir dinero. Me estaban engañando como un idiota. Y ahora sé que sólo venían cuatro o cinco niños por año, así que esos plazos eran imposibles de cumplir".

Todo el dinero que ya han abonado está perdido, pero la Xunta se ha comprometido a tramitar diez expedientes de cada país al año. Lo que sucede es que López sabe ahora que tiene veinte familias delante en la lista. Antes, según ha afirmado, no les informaban de nada.

El abogado que les lleva el caso les ha dicho que la única posibilidad es que se involucre el Ministerio de Asuntos Exteriores, por no dejar a ochenta familias sin cumplir su sueño de ser padres: "Tengo casi 50 años, mi mujer no quiere levantarse de la cama. Después de tratamientos de fertilidad y dos abortos pensábamos que por fin íbamos a tener un hijo".