Por mil vueltas que se den

Ayer fue un día importante en la lucha contra la corrupción: el testimonio de un implicado en el caso Palau ilustró como Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de Jordi Pujol y de Artur Mas, que gobernó la Generalitat durante 30 años, se financió ilegalmente durante décadas, aceptando dinero de constructoras a cambio de concesiones de obra pública. Al mismo tiempo, un juez de la Audiencia Nacional activó la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular, dentro del llamado caso Púnica.

Se empeñe el PP en desviar la mirada a Madrid, o a donde sea, la cuestión es que existen pruebas sobre la existencia de una Caja B en el Partido Popular y que desde 2004 quien ocupó la presidencia de ese partido, lo supiera o no, fue Mariano Rajoy. Se le puede dar mil vueltas a las cosas, pero al final, lamentablemente, se llega al mismo punto: en el gobierno de Cataluña, como en el gobierno de España, han permanecido durante años dos partidos sobre los que se acumulan pruebas de haber vulnerado la ley y de haber financiado ilegalmente sus campañas electorales, engañando a sus oponentes políticos y a los electores en general.

Podemos dar mil vueltas, matizar, de acuerdo con la ley, detalles y circunstancias, pero lo que está a la vista es lo que parece: ha habido partidos políticos que han obtenido financiación de manera ilegal y a cuya sombra algunos políticos, y sus familias, y algunos funcionarios sinvergüenzas han conseguido también fortunas personales, igualmente ilegítimas.

Hasta que el Partido Popular lo reconozca y hasta que el heredero de Convergència, el actual Partit Demòcrata Català, no admita también lo que ha pasado, no habrá manera de cerrar esta página. Y como es evidente que ni uno ni otro tienen por ahora la voluntad de hacer limpieza, sino todo lo contrario, los ciudadanos, catalanes y españoles, tendremos que seguir soportando este escándalo y tendremos que ver como las heridas se infectan, en vez de sanar.