Terrorismo

Los magistrados de la Audiencia Nacional que han condenado a Casandra por tuitear chistes sobre la muerte de Carrero Blanco, consideran que el tiempo transcurrido desde entonces no resta gravedad a su actuación. La sentencia es tan injusta que sobran los comentarios. Todos, excepto uno. Hace ochenta años, la mayor organización terrorista de la historia de España se rebeló contra un gobierno democrático tan legítimo como el actual.

Tras provocar centenares de miles de muertes, su cabecilla, Francisco Franco, recurrió al terror sistemático y a las políticas de exterminio para mantenerse en el poder, hasta alzarse con el título de criminal más sanguinario de Europa Occidental en tiempo de paz. Esto no es un chiste. No es una broma de buen ni de mal gusto. El día que murió, Carrero Blanco era el vicepresidente de un dictador que siguió firmando sentencias de muerte mientras agonizaba. Esa condición no le hace menos víctima, pero tampoco menos verdugo.

Una tuitera no es un juez. No tiene la misma responsabilidad, sus actos no revisten la misma trascendencia. Y no sé cuántos españoles se habrán sentido humillados por los tuits de Casandra, pero a mí me humilla profundamente la doctrina que emana de esta sentencia. Porque amenaza mi libertad de expresión, y porque afianza un política pública de memoria encubierta que establece que en España no todas las víctimas valen lo mismo. Y todos los terroristas, tampoco. La memoria tiene que ver con la decencia de las personas y de los países. Por eso son tan importantes los nombres de las calles.