¿Disolver partidos corruptos?

Madrid

Compromís quiere que el Código Penal establezca claramente que un partido político condenado por corrupción puede llegar a ver suspendidas sus actividades e incluso ser disuelto. En realidad, esa posibilidad ya se contempla en el artículo 304, pero con una redacción que esta formación considera confusa y que necesitaría de un juez muy animoso para adoptar medidas tan extremas.

La corrupción es un delito gravísimo que rompe las reglas de la democracia. Un partido que se financia ilegalmente y que sostiene su estructura y paga sus campañas electorales con dinero irregular obtiene sus eventuales victorias políticamente dopado. Y como es imposible que los ritmos de los tribunales puedan dar marcha atrás a un gobierno ilegítimo, sí que deberían al menos, en los casos más extremos, impedir que esos partidos que se han servido del delito puedan seguir en la vida pública. Así se hizo con las formaciones que apoyaban a ETA gracias, entre otras cosas, a un pormenorizado artículo 9 de la Ley de Partidos que especificaba una nutrida nómina de actitudes que convertían a un partido político en una organización ilegal.