Un sistema tributario solidario

Hoy era el día de comentar las elecciones británicas, pero por el camino ha irrumpido otro tema que afecta a España y que es de gran importancia. El Tribunal Constitucional hizo pública ayer la inconstitucionalidad del decreto de amnistía fiscal aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2012. La decisión del Tribunal Constitucional tiene un gran transfondo político porque recuerda que la Constitución española establece un sistema tributario solidario, en el que se contribuye de acuerdo con la capacidad económica de cada uno.

Por eso fue tan grave la amnistía fiscal de 2012: porque el gobierno abdicó de su obligación y “vino a legitimar como una opción válida la conducta de quienes incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

Si escandaloso fue el decreto de 2012, más escandalosa aun ha sido la reacción del gobierno en 2017. Cuesta trabajo creer que una persona capaz de decir lo que ha dicho el secretario de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ocupe un cargo público. Decir que la decisión del Tribunal Constitucional no tiene ningún tipo de consecuencias y que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, es una vergüenza.

Una cosa es que la seguridad jurídica impida anular las regularizaciones que se llevaron a cabo en su momento, y otra que el gobierno puede burlarse de una sentencia del Tribunal Constitucional y que pregone que no tiene consecuencias.

¿Acaso el gobierno no comprende la gravedad de lo que dice el Tribunal? ¿Cree que dictaminar que abdicó de sus obligaciones es algo menor, sin consecuencias? Decididamente algunas personas que ocupan cargos de responsabilidad han llegado en este país a un límite de irresponsabilidad muy peligroso.