“Casi siempre sale gratis defraudar en España”
¿Es barato estafar en este país? Ryanair, el ‘Dieselgate’, las preferentes… En el último SER Consumidor tratamos el tema con Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, y con Xisco Dalmau, director general de Consumo en el Gobierno de las Islas Baleares
(Getty Images)
Madrid
Seguramente el fraude sea tan antiguo como ser humano y sus negocios. En España siempre han estado a la orden del día y han sido muy sonados algunos de ellos que incluso han afectado a millones de habitantes en todo el planeta. Los motores diésel de Volkswagen, las acciones preferentes en la banca, fraudes de compañías aéreas y telefónicas…
Por eso, en el SER Consumidor del pasado domingo nos planteamos: ¿Es demasiado “barato” defraudar en España a los consumidores? ¿Se van de 'rositas' las empresas que defraudan? ¿Es un problema de medios, de legislación?
¿Es barato defraudar en España?
12:45
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“Casi siempre sale gratis, aunque en ocasiones cuesta algo, sobre todo cuando te pilla una administración con ganas de sancionar”, reconocía Rubén Sánchez, portavoz de FACUA – Consumidores en Acción, en el último SER Consumidor. En su opinión, “el problema es que las cuantías de las multas son ridículas”, y recuerda el ejemplo de las cláusulas suelo defraudadas por el banco BBVA: “Hemos estado cuatro años pidiéndole a la Junta de Andalucía que multase las cláusulas suelo del BBVA. Nos lo prometieron y, finalmente, cuando lo hicieron, el importe de la multa ascendió sólo a 800.000 €, el valor por los fraudes de los consumidores que denunciaron. Es una auténtica tomadura de pelo”.
Las comparaciones en esta materia de España con otros países son odiosas. “En FACUA hemos analizado las multas por fraude más caras de la historia en todo el mundo. La más alta fue la que le impuso EE.UU. a Volkswagen por el fraude en sus motores diésel, calculada en unos 28.000.000 millones de dólares (unos 22.000.000 millones de euros). En España, por este mismo asunto, las multas sancionadoras a la empresa automovilística alemana no han superado los 100.000 € de multa”, cuenta Sánchez.
En el lado de las administraciones hacen autocrítica y dudan si son “suficientemente duros en esta materia”. Para Xisco Dalmau, director general de Consumo en el Gobierno de las Islas Baleares, el problema asciende al Gobierno central: “Nos encontramos un poco huérfanos respecto al Gobierno de España la hora de practicar una política de consumo estricta”, declaró Dalmau a SER Consumidor. Su solución pasa por lograr “un organismo fuerte en materia de Consumo y otro en materia de Competencia, como ocurre en Reino Unido”, ya que, en su opinión, en España la defensa de los consumidores “está muy diversificada”.
