Por imperativo legal

Madrid

“Por imperativo legal”. Siempre me ha parecido ridículo el uso de esta coletilla con la que algunos políticos blanquean actuaciones que consideran inaceptables. Es una especie de salvoconducto que todos saben que es falso pero que se acepta como contraseña de acceso. Ayer la utilizó Puigdemont como contraseña de acceso a su acta de diputado en el Parlament. Es una manera infantil de solemnizar lo obvio. Viene a decir que uno se dispone a aceptar algo por obligación, por la obligación que imponen las leyes, lo cual en un estado de derecho tiene muy poco de extraordinario. En realidad, el acatamiento de las normas constituye el arco de bóveda de las sociedades democráticas, que son a pesar de sus imperfecciones las construcciones humanas que mejor han ordenado la jungla de las voluntades y los intereses en conflicto.

“Por imperativo legal” hacemos un montón de cosas todos los días todos, desde pagar los impuestos hasta detenernos ante un semáforo en rojo, y a nadie se le ocurre subrayarlo. Cuando Puigdemont emplea la fórmula “por imperativo legal” debería precisar desde cuándo reconoce a las leyes ese valor obligatorio ineludible porque nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas si no se hubiera ido saltando las leyes durante todo el procés.

Pero debería decir, sobre todo, cuál es la vigencia de ese acatamiento. ¿Hasta cuánto dura? ¿Cuál es su fecha de caducidad? Porque si estamos ante un acatamiento excepcional válido para un solo acto después del cual se considera liberado para aceptar o no la legalidad, la coletilla es un ‘flatus vocis’, un burbujeo de aire que no quiere decir nada. Un engañabobos.