Bermúdez de Castro: " Puigdemont quiere forzar nuevas elecciones"

Madrid

Responsable de la aplicación efectiva del 155 en Cataluña, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales ha reconocido en Hoy por Hoy que el encargo supone un “desgaste personal importante” y que “no se soluciona en seis meses un problema de 30 años”. Seis meses de intervención de la autonomía catalana que, según Bermúdez de Castro, han transcurrido con total normalidad. “Los primeros días no voy a negar que había preocupación por cómo iban a reaccionar los funcionarios. No hubo ningún problema, muchísima gente se puso a nuestra disposición”, ha explicado el secretario de Estado, que sí ha aclarado que su gestión se limita, fundamentalmente, a mantener en funcionamiento las “cuatro patas fundamentales del estado de bienestar, educación, sanidad, servicios sociales y justicia”, servicios que, según él, “nadie puede decir que funcionen peor”. En este sentido, aunque ha apostado por la conformación, cuanto antes, de un gobierno en Cataluña comprometido “con la Constitución y el estatuto actual”, ha defendido también la posibilidad de alargar la aplicación del 155 el tiempo que sea necesario. “Una administración aguanta mucho sorprendentemente, porque hay mucho funcionario que hace muy bien su papel”, ha asegurado el secretario de Estado, que ha acusado a Puigdemont de bloquear la formación de gobierno. “Depende de que el interés personal de Puigdemont se acabe de una vez. Cualquier persona que se manifiesta en contra del procés es denostada. Puigdemont quiere forzar mucho para que haya nuevas elecciones, que entiendo que sería malo para Cataluña”.

Roberto Bermúdez de Castro ha respaldado las afirmaciones del ministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, por las que el juez Llarena le ha pedido explicaciones. Según Bermúdez de Castro, “la malversación puede ser dejar un edificio, un local, gastar luz, o entregar una factura que diga servicios postales y que el dinero se utilice para otra cosa. El ministro sabe que desde que hay un control financiero estricto hay un reporte semanal de la interventora de la Generalitat, que certifica que no ha habido ese tipo de gasto. Puede haber falsificación de facturas y otro tipo de malversación, como la cesión o el uso de locales y de elementos públicos”.