Los sindicatos amenazan con “movilizaciones” si no se suben los salarios

Madrid

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se marcan como principal objetivo conseguir un “pacto salarial” para que los trabajadores, sobre todo los que menos cobran, recuperen poder adquisitivo. “Pero no nos vale cualquier pacto”, matiza Sordo, para quien es necesario un reparto más justo de la riqueza generada por las empresas. Para Álvarez la meta es “que ningún convenio colectivo esté por debajo de los mil euros”. “Si no hay acuerdo, habrá movilizaciones. Y la huelga general tendrá una relación directa con la capacidad de movilización. No vamos a cerrar este capítulo dejándolo correr como el año pasado”, ha subrayado el secretario general de UGT.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ con motivo del Día Internacional del Trabajo, los líderes de los sindicatos mayoritarios han apuntado a un incremento del entorno del 3,1 por ciento, que debe beneficiar, sobre todo, a los salarios más bajos.

En la lucha contra la precariedad laboral, UGT y CCOO también apuntan a la temporalidad y a las subcontrataciones, que afectan especialmente a jóvenes y mujeres.

Sobre pensiones, tanto Sordo como Álvarez son partidarios de derogar la reforma de 2013 y aumentar el porcentaje del PIB que se dedica a este capítulo. “España gasta muy poco en pensiones. Tan poco que no llega al 10% del PIB en relación a las pensiones contributivas mientras en Francia e Italia están en torno al 15%”, destaca Álvarez. Para Sordo no es suficiente tampoco la subida acordada por el PNV y el PP para estos presupuestos, fundamentalmente gracias a la presión de los pensionistas de Euskadi. “El acuerdo del PNV mete en el congelador la reforma de 2013. Hay que modificarla o derogarla y mejorar la estructura de ingresos del sistema. La decisión es política. No hay ninguna maldición económica o demográfica”.

Para sostener el sistema público de pensiones, ambos líderes sindicales coinciden en la necesidad de aumentar los impuestos a las empresas, acabar con el fraude fiscal y cambiar un sistema que permite “a las empresas del Ibex 35 pagar pocos impuestos con fórmulas legales”, según recuerda Álvarez.