La "operación limpieza" en Nicaragua

Leyting Ezequiel Chavarría Pérez, de 16 años, Bryan Odoniel Picado Blandón, de 22, y Benito Rodríguez González, de 34, murieron ejecutados por policías nacionales nicaragüenses en la madrugada del 24 de julio en una localidad al norte de Managua cuando huían de la policía y de grupos progubernamentales armados, según Amnistía Internacional. La ONG ha podido constatar que durante la llamada “operación limpieza”, consistente en la eliminación de barricadas, la policía y los grupos paramilitares del Gobierno de Daniel Ortega han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos fundamentales "posiblemente bajo el orden y control de las altas autoridades nicaragüenses".

“La vida cotidiana se ha alterado en todos los sentidos”, la inseguridad y la incertidumbre ante esta situación es tremenda, explica Vilma Núñez, activista de derechos humanos en Nicaragua. Esto ha provocado el éxodo de cientos de personas, “un desplazamiento forzoso de gente desde zonas apartadas a Managua en busca de protección, pero sobre todo huyendo a Costa Rica”. Ella misma nos cuenta cómo se siente vigilada y no puede confiar en nadie porque vive “en riesgo permanente” en una ciudad que está totalmente militarizada.

En este informe, el segundo que elabora AI sobre la violencia en Nicaragua desde el inicio de las protestas el 18 de abril, se responsabiliza directamente a la policía de estos asesinatos. Además, se ha podido constatar una intensificación de la “estrategia intencional” de represión del Gobierno, a través de “torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas”. Según explica Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se han utilizado armas militares, de alto calibre, que “han sido empleadas para lo que se conoció como operación limpieza, en contra de “una resistencia pacífica de diferentes sectores de la sociedad”. Guevara destaca además una circunstancia que se da casi exclusivamente en Nicaragua y es que “no existe ninguna jerarquía intermedia entre el jefe supremo de la policía y el presidente Ortega”. Ante la situación, lamenta, el presidente y su esposa han empleado un discurso “no sólo de negación, sino que estigmatiza y criminaliza el derecho de la gente de manifestarse pacíficamente”, acusando de terrorismo a los manifestantes.

Se han contabilizado 322 muertos en las protestas hasta finales de agosto, entre ellos 22 policías, y más de 2.000 heridos. El informe sobre los seis meses de crisis en el país centroafricano se ha elaborado a partir de la “investigación en el terreno” y la entrevista a más de 115 personas, y en él se han documentado “25 casos, entre ellos casos de ejecuciones extrajudiciales”. Uno de esos casos es el de un policía, Faber López, que se sospecha que fue asesinado por sus compañeros después de presentar su renuncia a participar en la represión. El informe policial indica que murió a manos de “terroristas”, pero la investigación forense de la familia determina que falleció “con señales claras de tortura”. Un ejemplo más, para Amnistía Internacional, de la forma en que se intenta tergiversar la información de cara al exterior acusando a los manifestantes de atacar a la policía.

Del mismo modo, se obstaculizan permanentemente los intentos de investigación y de diálogo a través de las diferentes organizaciones que son invitadas al país. Ortega “ha tratado de deslegitimar el trabajo” que realiza Amnistía Internacional. Cuándo se pondrá fin a esta crisis es todavía una incógnita, pero lo que más teme Vilma Núñez es qué pasará cuando termine con todas las familias que se han roto, porque “el país está polarizado y el tejido social se ha destruido y va a ser muy difícil su recomposición”.