La falta de medios y recursos, entre las causas del colapso judicial

Madrid

2019 se presenta con las mismas reivindicaciones que el año pasado por parte de jueces y fiscales. La falta de personal, las demandas salariales y profesionales, la sombra de una nueva huelga o de paros parciales por parte del personal de justicia y -especialmente- la incertidumbre sobre la aprobación de los presupuestos y el reparto de las partidas económicas, hace que la tensión siga en aumento. A esto hay que añadir el colapso que sufren la mayoría de juzgados en España.

La jurisdicción civil y laboral son las que se encuentran más saturadas, según los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los juzgados más lentos son los de Andalucía y Murcia. Tardan más que la media española en todos los casos salvo en aquellos procedimientos penales de primera instancia. En el caso contrario, las más rápidas en resolver son Cantabria, Aragón y Asturias. Baleares es la comunidad más lenta en en lo social, aquellos juzgados que se encargan de las demandas individuales de los trabajadores y la más rápida en lo penal.

Las asociaciones de jueces y fiscales se quejan de que falta personal, pero también exigen una reorganización del trabajo. "Es una cuestión de organización de efectivos, de efectivos y de incremento del personal", explica Ignacio González de Jueces para la Democracia.

En lo que se refiere a Audiencias Provinciales: Navarra y Cataluña son las más lentas en resolver asuntos civiles. Asturias, Castilla la Mancha y Aragón son las más rápidas. Analizar los datos de los Tribunales Superiores de Justicia es algo más complicado porque se dividen en Civil, Penal, Contecioso-Administrativo o Social. Murcia y Cataluña son las más lentas para lo civil. Para lo contencioso administrativo Valencia y Cataluña. Para lo social Castilla y León y Valencia.

Un ejmplo de la saturación que sufre la justicia se ve en los juzgados creados específicamente para resolver las demandas sobre las claúsulas suelo. Actualmente hay cerca de 260.000 casos pendientes de tramitación. Los jueces creen que nuestro sistema judicial no está diseñado para asumir estos casos. Algunas de las propuestas pasan por derivar estas demandas vía extrajudicial y apostar por la mediación. Pero lo que realmente reclaman son más recursos. "El número de órganos especializados para atender estos asuntos en algunas demarcaciones es insuficiente. Nos enfrentamos a un horizonte de resolución de varios años", dice Celso Rodríguez de la Asociación de Profesionales de la Magistratura.

Según datos del Poder Judicial, hasta septiembre de 2018 sólo se habían resuelto algun 6,6 por ciento de las 25.000 demandas presentadas.

Una de las principales reivindicaciones de jueces y fiscales es que se derogue la norma que limita los plazos de instrucción de las causas. De hecho, el Congreso tramita desde marzo de 2017 una proposición de ley presentada por Podemos con el apoyo del PSOE para derogar este artículo.

Y como ejemplo, el ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que se ha beneficiado de esta medida aprobada por el PP, nos referimos al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sánchez ha quedado absuelto del caso Pasarelas, la primera de las tres causas judiciales que tenía pendientes y que le llevaron a dimitir en abril de 2017. Las asociaciones reclaman su derogación para evitar impunidad por archivo de causas. Para Cristina Dexseus, presidenta de la Asoaciación de Fiscales "de no derogarse debe cambiar. El fiscal no puede controlar una causa que no tiene a su disposición. Es un sistema distorsionador que perjudica la investigación de las causas". La limitación del plazo para la investigación de las causas penales es de seis meses y a 18 prorrogables a otros 18, que aquellas que sean declaradas complejas.