¿Se puede remunicipalizar la gestión del agua?

Con motivo de la celebración, este viernes, del día mundial del agua, las organizaciones recuerdan que todavía hay millones de personas que no tienen acceso a agua potable y saneamiento, lo cual, recuerdan, es un derecho fundamental.

El agua se ha convertido en un negocio en muchos municipios de nuestro país y en todo el mundo. El experto Pedro Arrojo lo achaca a que “bajo el imperio de esa visión neoliberal que pretende que todo se compra y se vende, hay presiones muy fuertes sobre los ayuntamientos para que privaticen los servicios de agua y saneamiento a través de una serie de mecanismos tramposos en ocasiones y del chantaje económico”.

Arrojo no cree que la privatización de estos servicios mejore su gestión, aunque “el hecho de que sea pública no garantiza que sea buena”. Y pone el ejemplo de los municipios holandeses, de gestión pública con empresas medianas, y que son los que generalmente tienen los mejores estándares internacionales en cuanto a sus servicios de agua y saneamiento. Por lo tanto, insiste, “ese planteamiento de que con la gestión privada la sanidad o la educación es mejor es falso, simplemente es una trampa. Si fuera mejor lo ofrecerían como una gran ventaja en vísperas electorales”, y no que inician las privatizaciones una vez que ganan las elecciones, “sin pasar por ningún tipo de referéndum y por un periodo larguísimo de tiempo”, lo que dificulta que los futuros alcaldes puedan revertir las concesiones privadas, denuncia Arrojo.

Este tipo de servicios se consideran un “monopolio natural” en economía, explica el experto, porque no podemos elegir qué gestor de agua nos da servicio, por lo tanto “el negocio es seguro”. Así, muchos ayuntamientos se despreocupan con la privatización para obtener dinero a corto plazo. Se trata además de procesos poco transparentes, como denuncian las organizaciones que se han movilizado este Día del Agua porque las empresas privadas tienen derecha a “preservar el secreto de su negocio”.

La principal dificultad para que los nuevos alcaldes puedan remunicipalizar el servicio de agua y saneamiento la extensión de los contratos, que suelen ser de 20 o 25 años. Con estos plazos si se intenta recuperar el servicio público “la empresa va a ganar el juicio y va a exigir que se le pague parte de lo que se ha invertido y lo que se llama el lucro esperado, es decir, el beneficio que la empresa tenía programado ganar durante todo el periodo de concesión, y eso multiplica por cinco o seis los costes”.

Arrojo cuenta que ha habido casos como el de Berlín, en el que tras un referéndum decidieron recuperar el servicio y les costó 1.000 millones de euros rescindir el contrato privado. Pedro Arrojo insiste en el problema que supone dar marcha atrás y por eso presentó en el Congreso una propuesta de ley para que, en caso de haber una privatización, ésta no dure más de cuatro años o doce en caso de que haya que invertir en obra. En Valladolid, por ejemplo, o en Paris, se acabó el contrato y posteriormente se hizo un contrato público, y en Barcelona se está intentando hacer lo mismo.

Muchos de los contratos de concesión son “engaños”, asegura Arrojo, e incluyen cláusulas para que finalmente las competencias de gestión correspondan al socio privado. Otras cláusulas habituales son las de compras, contrataciones y subcontrataciones, que se reservan también el control para la empresa privada encareciendo el servicio. Por eso los movimientos sociales reivindican nuevos modelos de gestión pública de los servicios de agua y saneamiento que sean participativos y transparentes.