Un perseguidor exdelincuente

Madrid

Ayer hubo una importante novedad procesal en el juicio a los líderes independentistas. Por vez primer un testigo de primerísima fila, el teniente coronel Baena (que fue quien realizó la mayoría de los atestados de este juicio), reconoció ante la sala que había sido, él mismo, condenado criminalmente.

Y no por un exceso de velocidad, sino por algo más sustantivo, como lo son los delitos contra “la integridad moral”. Que van desde el de dispensar “trato degradante”, pasando por ejercer “violencia” habitual contra el cónyuge, a su expresión máxima: “cometer tortura”. Probablemente el delito del perseguidor sea de nivel inferior, causar “injuria o vejación de carácter leve”, pues es el que se castiga con multa, y el uniformado reconoció que le había sido impuesta una multa.

Si el condenado no tiene cuentas pendientes con la Justicia, si se le han cancelado los antecedentes penales, está en plenitud jurídica. Pero arrastra una cierta sombra. No es solo una costumbre declararlo. Es una obligación de transparencia que impone el artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Uno de los grandes protagonistas en la persecución de los presuntos delitos de los dirigentes separatistas ha sido él mismo un delincuente. Y en una materia que tiene que ver al menos con las vejaciones y el trato degradante; a lo más, con las palizas al o la cónyuge; y a lo peor, con las torturas.

Todo será legal. Pero es muy inquietante. O incómodo. O molesto. ¿No les parece?

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