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Viernes, 20 de Septiembre de 2019

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El despotismo tecnológico del 5G

Científicos internacionales y Ecologistas en Acción exigen una moratoria de la irrupción de la tecnología 5G hasta que se demuestre su inocuidad. El Gobierno español nunca creó el Comité de Radiofrecuencias y Salud - que obliga la Ley de Telecomunicaciones-. El Defensor del Pueblo ha abierto ya una investigación sobre el desembarco del 5G a nuestro país, ante las "reiteradas quejas"

La tecnología 5G ya está aquí, ha dado la vuelta al mundo y los expertos dicen que muy pronto la veremos en nuestros teléfonos. Faltan medios, reconocen, pero algunos sectores se preguntan si también falta seguridad. Entre ellos, Ecologistas en Acción alerta del peligro de esta tecnología y existe una corriente de científicos que exige una moratoria a la implantación del 5G hasta que se demuestre su inocuidad.

La portavoz de contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción, Blanca Salinas, explica que se han basado en el llamamiento de los propios científicos, que han alertado ya de la falta de conocimiento sobre los posibles efectos de la implantación del 5G porque no se han realizado investigaciones previas. “Se sabe por los estudios científicos que las anteriores tecnologías 2G, 3G, 4G y wifi están generando problemas de salud a las personas, pero también daños a cualquier tipo de vida animales y plantas”.

Salinas se refiere a dos recientes estudios: uno del Instituto Nacional de Toxicología de EEUU y otro del Instituto Ramazzini en Italia, que “arrojan resultados preocupantes de tumores de cerebro y el corazón en ratas. Entonces en base a eso la OMS ha dicho que va a reconsiderar su clasificación y probablemente la va a elevar al alza”.

Hay países que ya han empezado a legislar sobre la implantación de esta tecnología, entre ellos Suiza, donde en varios cantones se ha bloqueado el despliegue del 5G hasta no tener informes que puedan verificar si tiene riesgos para la salud. La ministra de medio ambiente de Bruselas ha hecho lo propio y ha afirmado que los habitantes de la ciudad no son conejillos de indias para probar una tecnología que no está previamente investigada”, cuenta Salinas. Hay otros ejemplos como el del alcalde de Morino y otras ciudades italianas que también se han opuesto al despliegue. O en Estados Unidos donde el gobernador de California vetado una ley que quitaba a los ayuntamientos el control del despliegue y ha habido muchos ayuntamientos, algunos de Silicon Valley que han prohibido el despliegue del 5G en zonas residenciales.

Además, celebra Salinas, está habiendo “una enorme movilización a nivel ciudadano cada vez más grande, unos 150 movimientos repartidos por todos los continentes y en EEUU se ha puesto también en marcha una liga por una tecnología responsable que agrupa 59 ciudades de 23 Estados”. El problema fundamental, destaca, es que “la ciudadanía no está informada y hay una propaganda inmensa. Nos venden todo lo bueno que va a traer el 5G pero no nos explican todos estos problemas que puede conllevar”.

A nivel internacional existe una concienciación sobre el peligro de esta tecnología, sin embargo, en España no se ha lanzado ninguna regulación. La portavoz de contaminación electromagnética denuncia que cuando salió el plan nacional 5G a información pública, Ecologistas en Acción pidió una evaluación de impacto sobre la salud que no se realizó. El Gobierno español nunca creó el Comité de Radiofrecuencias y Salud al que obliga la Ley de Telecomunicaciones. Además, asegura que “el defensor del pueblo ha requerido ya en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad del gobierno anterior del PP y al Ministerio de Industria del gobierno del PSOE y hasta ahora no se ha conseguido nada”.

El Defensor del Pueblo ha activado una investigación junto al ministerio de economía sobre la tecnología 5G dadas las quejas que aseguran haber recibido de ciudadanos preocupados por los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente de las emisiones radioeléctricas de antenas de telefonía. Según un informe del Comité Científico y Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), “no existe evidencia científica de que si se cumplen los niveles legales de exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia se produzcan efectos nocivos para la salud”, sin embargo, ese informe no establece datos sobre los límites de exposición.

La mayor preocupación para Salinas es que “esto es una carrera mundial por ser los primeros y se está poniendo como una autopista a las compañías de telecomunicaciones, cada una de las grandes corporaciones. La ley se está ajustando a sus necesidades, pero ni siquiera la pequeña parte de la ley que protegería a la salud de los ciudadanos se está cumpliendo por parte de los gobiernos”. Con una tecnología que prevé el despliegue de 20.000 satélites y millones de antenas en todo el mundo, las consecuencias pueden ser irreversibles, alerta, como ha ocurrido ya con las anteriores tecnologías, de las que se ha descubierto que producen tumores 15 y 25 años después de su implantación.

Además, Salinas califica esta tecnología de “excluyente para una parte de la población”. Cree que es una forma de exclusión social para las personas que ya sufren de electrohipersensibilidad.

La propuesta de Ecologistas en Acción pasa por “esperar un año, dos o cinco años antes de lanzarse a una carrera loca que luego ya no tenga solución”. “Defendemos que la tecnología se desarrolle siempre con estudios previos”, explica Salinas, por eso reclaman “que previamente haya una investigación y que los que van a desplegar nos aseguran que no tiene riesgos” y apunta otro problema añadido: que “las aseguradoras están negándose a firmar pólizas de responsabilidad civil sobre los daños producidos por las tecnologías inalámbricas porque ya ven lo que se puede venir encima”.

Salinas define la situación actual como una especie de “despotismo tecnológico” en el que “se impone a la ciudadanía una tecnología por métodos no democráticos (porque hasta se están incumpliendo las mismas leyes) y parece que se nos va a dar todo, pero no se cuenta con nosotros”. Y defiende la información de la ciudadanía, que las decisiones tecnológicas sean democráticas y que entre todos decidamos, puesto que todos vamos a sufrir las consecuencias.

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