La Unión Europea endurece las medidas contra el fraude fiscal
Los países miembros deben incluir en su legislación la Directiva Europea antes del 31 de diciembre. La norma, aprobada el año pasado, pone el foco en los intermediarios fiscales: economistas, asesores fiscales, abogados, gestores.
Madrid
El año pasado la Unión Europea aprobó una Directiva que abogaba por fomentar un entorno de equidad tributaria dentro de la Unión Europea, pero es ahora –antes del 31 de diciembre de este 2019- cuando los países miembros deben poner en marcha la transposición de esta Directiva, es decir, establecer una ley acorde a la misma.
La responsabilidad de los asesores fiscales
Entre las medidas de esta norma está la apuesta de que las autoridades tributarias europeas –las “Haciendas” de cada país miembro- compartan información cada tres meses con el fin de conseguir una mayor transparencia fiscal. Además, uno de los puntos fuertes es la obligación de que los intermediarios fiscales -asesores fiscales, economistas, abogados, gestores…- denuncien las actividades transfronterizas de sus clientes de sus clientes que puedan suponer una evasión o una elusión fiscal. Además deberán hacer actas de inspección.
Protección de datos y secreto profesional
Con esta norma se pretende luchar contra el blanqueo de capitales. Aunque ya existían medidas contra este delito, como la Ley española de Prevención del Fraude Fiscal de 2010, la Unión Europea cree que es necesario ser más severos. El dilema que se plantea es si esta medida podría chocar con la protección de datos o el secreto profesional… Según Juan Carrasco, Abogado de Santiago Mediano Abogados y experto en protección de datos esta medida no atenta contra la protección de datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos avala la medida. “Siempre que haya una ley que regule, no infringe la protección de datos pero el secreto profesional sí que puede estar en juego".
También la Directiva expone que, en el caso de que haya un contrato de confidencialidad entre el cliente y el asesor, gestor, economista o abogado, ha de ser el propio implicado, el contribuyente que se beneficie de esa operación- quien notifique a Hacienda sobre la operación de alto riesgo.
Esta noticia no ha sido bien recibida por los asesores fiscales ya que consideran que esta normativa puede afectar de lleno a su profesión. Por ese motivo han tenido hasta este lunes 15 de julio para presentar sus alegaciones a Hacienda. José Antonio Yuste, presidente de Renasem, una Asociación Nacional de Asesores de Empresa dice que no se pueden igualar las condiciones de todos los países de la Unión Europea, y que la norma debe ser igual de estricta en todos los países. Yuste argumenta que si no se igualan las condiciones podría representar un caso de competencia desleal.
La transposición de la normativa está prevista en la Directiva para el próximo 31 de diciembre, aunque las medidas no sean de obligado cumplimiento hasta julio de 2020. Sin embargo, ante esta situación de bloqueo político, los expertos dudan que se llegue a tiempo a esta fecha. “Ahora mismo estamos sin gobierno. Hasta que se negocie con los factores implicados en la medida, se hagan modificaciones y demás… no creo que haya tiempo para llegar al 31 de diciembre” opina José Antonio Yuste.
