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Los interinos: décadas trabajando en fraude de ley

"Yo voy a llegar hasta el final, y si me tengo que reunir con un montón de gente y hacer huelga de hambre, la hago, porque estoy cansando", explica un profesor que lleva casi dos décadas como interino.

EUROPA PRESS - Archivo EUROPA PRESS

"Dentro de un par de días tengo un concierto en Alemania y estoy aquí, en vez de estar pensando en los conciertos, estoy pensando que la junta de Andalucía, desde que lo he denunciado por fraude, me va a reducir la jornada a media jornada, porque el año pasado, aunque la directiva redujo a media jornada, me amplió el horario con el conservatorio superior, pero este año han decidido que no, como estoy peleando por lo del fraude... Yo voy a llegar hasta el final, y si me tengo que reunir con un montón de gente y hacer huelga de hambre, la hago, porque estoy cansando", cuando Jesús Sampedro, profesor de conservatorio interino que, tras quince años de profesión, no conoce otra situación laboral que la interinidad. Luchará por regularizar su situación porque, dice, no sabe hacer otra cosa.

Como él, miles de compañeros también en el sector sanitario. Juan denuncia que "tras pasar un proceso selectivo, parece ser que se cuestiona si tienes capacidad para realizar esas funciones que llevas haciendo durante 12 años, y el que está en fraude de ley, eres tú". Si quiere tener plaza fija, o en propiedad, la alternativa que le resta es presentarse, de nuevo, a unas oposiciones a las que concurre en “igualdad de condiciones”. Pero la igualdad de condiciones deja de serlo desde el momento que ni su experiencia, ni los conocimientos prácticos adquiridos durante doce años de trayectoria laboral, se obvian. Tampoco, explica, las fuerzas son las mismas que las de quienes acaban de salir de la facultad y carecen “de cargas familiares”.

Cientos de miles de interinos, en fraude de ley.

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Y esta situación también la viven los médicos. Desde Castilla y León, uno de los interinos explica que el aval de más de veinte años como médico de familia pero no le sirve ante la Administración Pública, para quien continúa siendo un interino que encadena un contrato tras otro. Desde que él se presentó a las oposiciones hasta ahora ha formado una familia a quien le desea un futuro laboral más próspero. "Se da la situación rocambolesca en la que, por ejemplo, yo tengo ahora una hija estudiando medicina, y bueno… Nos han dejado a una generación ahí, realmente colgada, y es lo que dicen los compañeros, eso de tenerte aquí de chica para todo..." dice, para después admitir que “ya soy como una roca, a mi no me afecta nada”.

Coincide en esta opinión Alberto. En sus credenciales, 17 años de interino. En su día a día… aplica también aquello de que "te acostumbras a todo” pero lo matiza: “llega un momento en que dices 'Jo, está muy bien que yo esté trabajando pero uno tiene sus derechos'. Ya llevas tiempo trabajando, tienes experiencia, has demostrado el mérito y de un plumazo… pues te quieren echar".

Y estas son solo un puñado de historias de las más de 800.000 que existen hoy. Y de estas, solo un 8% corresponde a interinos que lo son realmente: un 92% de estas contrataciones, esto es, unos 736.000, se hacen en fraude de ley. No responden a situaciones de temporalidad reales. Tampoco se limitan a los tres años que –como máximo- permite la ley.

Desde ANIL señalan que –aunque los poderes públicos se llenan la boca pidiendo unas condiciones dignas a los empresarios- se olvidan de las condiciones de las Administraciones Públicas e incurren en fraudes que, según su asesor legal, Manuel Martos, ascienden a “2000 millones de euros, solo en indemnizaciones”, indemnizaciones que, explica, “solo tendrían un efecto retroactivo de tres o cuatro años”: perderían los beneficios que deberían haber obtenido antes.

En cualquier caso, esperan que, tras las decenas de miles de denuncias presentadas, el proceso concluya con una plaza fija para quien tanto tiempo ha estado al servicio del público porque, según explican los expertos, solo a través de una plaza fija estos contratos podrían llegar a igualarse a las condiciones de que disfruta el funcionariado.

 
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