"La denuncia de los afectados de la listeriosis contra empresas y administraciones podría prosperar fácilmente"

Madrid

“Antes de iniciar cualquier acción hay que tener una buena prueba y estar bien asesorado”, afirmó Ojuelos ya que, según su criterio, “sería una lástima llevar la razón y que te la quiten por no tener una prueba en condiciones”.

El abogado defendió que “las administraciones tenían que haber hecho mucho más, tanto para prevenir como para gestionar una vez inmersos en la crisis”. Y es que “han cargado todo el impulso del enjuiciamiento a la fiscalía”.

Como el autor de ‘El derecho de la alimentación’ nos relató, “las administraciones tienen la potestad de inspeccionar y de sancionar las conductas” y “en la tramitación de esos procesos sancionadores la administración debe encargarse de velar por reclamar a la productora responsable de estos productos defectuosos”. El letrado apuntilló que “la administración se ha limitado a denunciar a la fiscalía”.

En cuanto a las opciones de los afectados, Francisco Ojuelos remarcó que “si la administración entiende que se puede llevar por lo penal la intoxicación natural por marisco, por ejemplo, y sin necesidad de que se dé una situación lesiva para el consumidor, en casos como el de la carne mechada habría una doble responsabilidad penal porque se han dado casos de muerte y abortos”.

Ojuelos acertó en reflexionar junto con Jesús Soria en que su sensación siempre que se dan casos de este tipo es que “siempre el primer interés que se pone por delante es el mercantil” y que por ello “el enfoque debería de cambiar”.