La Haya juzga el genocidio rohingya

700.000 personas pertenecientes a la minoría rohingya de Myanmar, la antigua Birmania, siguen desplazadas y perseguidas en ese país, y eso ha llegado a oídos de la Haya que esta semana ha abierto un proceso para aclarar qué está ocurriendo. El Tribunal Internacional de Justicia decidirá si hubo o no un genocidio contra esta minoría étnica musulmana del oeste de Myanmar.

No se trata de un juicio al uso, por lo que no habrá una sentencia condenatoria con un castigo penal para la parte culpable. Los hechos tuvieron lugar entre finales de 2016 y 2017, cuando el ejército birmano lanzó varias operaciones militares que cargaron con brutalidad contra la población civil. Hubo quema de aldeas enteras, violaciones de mujeres y niñas, asesinatos a unas 30.000 personas, una situación que provocó el desplazamiento de unas 750.000 personas hacia la vecina Bangladesh.

Un informe de la ONU ha considerado esas actuaciones militares como operaciones de limpieza o intento de genocidio. A los musulmanes de Myanmar no se les certificados de nacimiento, tampoco tienen derecho a la nacionalidad birmana, y por tanto no tienen acceso a la educación, a la sanidad, a un trabajo, y no pueden formar parte de la sociedad como ciudadanos. Ellos denuncian que todo esto es un genocidio, un plan premeditado para erradicar a una comunidad étnica.

Gambia es el país que ha planteado este proceso. Se trata de un Estado de mayoría musulmana y además está intentando romper con un pasado al que puso fin en 2017 y que estaba marcado por violaciones de los derechos humanos bajo el yugo de su dictador. Según explica la periodista Imane Rachidi, es una forma de marcar diferencia con sus 22 años de brutalidad porque, como dijo el propio ministro de justicia de Gambia ante el Tribunal, si alguien hubiera actuado a tiempo entonces, se habían evitado muchas atrocidades en ese país.

Además, Gambia ha iniciado el caso en nombre de la organización para la cooperación islámica porque sólo un Estado puede pedir la intervención de este tribunal de la ONU que sólo interviene en una disputa entre dos países.

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La líder civil birmana Aung San Suu Kyi es clave de todo el proceso. Obtuvo el premio Nobel de la Paz por su resistencia pacífica a la junta militar que gobernó en el país durante décadas, pero las críticas en estos últimos meses se han multiplicado por que le acusan de mirar para otro lado ante esta persecución de la minoría rohingya. Ella ha estado esta semana en el proceso en la Haya para defender a su país frente a las acusaciones de persecución.

Su estrategia ha sido subrayar que nadie tiene las pruebas para demostrar que hubo intención clara de erradicar a un grupo étnico o el requisito legal para que algo así sea considerado genocidio. Su explicación es que todo fue una operación para eliminar a insurgentes y que en esa guerra hubo daños colaterales. “No se puede descartar que las fuerzas armadas hayan hecho un uso desproporcionado de la fuerza en algunos casos sin tener en cuenta el derecho internacional humanitario o que no hayan distinguido con suficiente claridad a los combatientes de los civiles”, dijo Aung San Suu Kyi.

Gambia ha pedido la toma de medidas provisionales urgentes para proteger a la población rohingya mientras el juicio siga su curso habitual y haya una sentencia final, lo que puede tardar años.