El Consejo de Ministros aprueba el Ingreso Mínimo Vital

Madrid

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un “nuevo derecho social”, en palabras del vicepresidente de derechos sociales Pablo Iglesias, que busca hacer frente a la pobreza y que llegará, según los cálculos del Ejecutivo a 850.000 familias, suponiendo un monto total para el Estado de unos 3.000 millones de euros anuales. Aunque la solicitud de la prestación puede realizarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, según ha explicado el vicepresidente de Políticas Sociales, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el cobro tendrá efectos retroactivos desde el 1 de junio.

El Ingreso Mínimo Vital –que será compatible con otro tipo de ayudas sociales o trabajo remunerado siempre que no se supere la cuantía mínima estipulada- oscilará entre los 462 y los 1015 euros por unidad familiar y la cuantía se determinará en función del número de miembros del hogar. Para conceder este subsidio, además, se tendrá en cuenta la renta y se realizará un test de riqueza para determinar si se cumplen los requisitos, que pasan por tener un patrimonio máximo –excluyendo deudas y vivienda habitual- de 16.614 euros anuales en caso de una única persona, o 43.196 en las unidades familiares formadas por varias. Se trata, además, de una medida indefinida, es decir, los receptores del Ingreso Mínimo Vital podrán disfrutar de ella mientras sigan cumpliendo los requisitos establecidos, cumplimiento que la Seguridad Social comprobará regularmente.

Tal y como explica Luis Ayala, miembro de la Fundación Alternativas y profesor de Economía de la UNED, en Hora 25 de los Negocios, “es una política que viene a cubrir un hueco que era muy importante en nuestro sistema de protección social, es un instrumento que tienen todos los países y que en España no habíamos acabado de consolidar, pero es un instrumento también que está muy enfocado a un sector de la población, que es aquel con pobreza más severa, no cubre otras situaciones de vulnerabilidad que son muy importantes y que también marcan la diferencia en nuestro país con respecto a la Unión Europea”.