La SER avanza el contenido de la Ley Rhodes: consulta qué propone la nueva legislación que aprueba el Gobierno

Madrid

La ley a la que ha tenido acceso la Cadena SER recoge medidas de prevención, concienciación y protección en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en el ocio y en el deporte. Es una ley integral del mismo modo que lo fue la que se aprobó en su día contra la violencia de género.

Una de las claves del texto es intentar acabar con la impunidad de abusadores y violadores. Para ello elevará el plazo de prescripción de los delitos sexuales hasta que la víctima cumpla los 30 años y no los 18 como es en la actualidad. Muchas víctimas, por miedo o por vergüenza, tardan muchos años en dar el paso y cuando lo hacían, ya era tarde. La ley endurece además las condiciones para que los agresores accedan a los permisos penitenciarios.

Otro aspecto importante es que el anteproyecto establece el deber de todo ciudadano de comunicar las sospechas e indicios de delitos de violencia contra los menores e incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de Internet como la incitación al suicidio o la promoción de trastornos alimenticios.

Los centros escolares tendrán que contar con protocolos para la prevención del acoso y se creará la figura del coordinador de bienestar y protección en las escuelas. Protocolos obligatorios también en los centros de menores para detectar casos de explotación sexual y de trata como los que se han descubierto recientemente en Mallorca con víctimas menores de edad.

El documento crea unidades especializadas en violencia sobre los menores en las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Y hace referencia al derecho de los menores a una educación afectiva sexual y a su identidad de género.

A pesar del protagonismo que Pablo Iglesias ha querido tener en este asunto, el anteproyecto es muy similar al que aprobó en diciembre de 2018 el primer gobierno de Pedro Sánchez. Tiene incluso el mismo número de artículos 57. Es una ley que dejó hecha la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo y que llevaban peleando años las ONG en defensa de la infancia y a las que el texto les parece un paso de gigante aunque algunas de ellas reclamaban que la prescripción se prolongara hasta que la víctima tuviera 50 años e incluso que no prescribiera nunca.