Un final inesperado Parte II | ¿Quién cuida de nuestros mayores?

Asidua del bingo, Neme no fallaba a las citas con sus amigas, casi siempre fuera de la residencia para salir de ese entorno. “Si algo le caracterizaba tanto a ella como al abuelo es que no se sentían mayores, tenían mucho espíritu, mucha juventud”, dice su nieta Rocío.

Neme fue una de las víctimas de la COVID19 que vivía en la mayor residencia de mayores de España. Su familia vivió su agonía a través del móvil, separados de ella.

Tanto Neme como su marido entraron en la residencia de forma voluntaria, “de hecho, estuvieron esperando diez años una residencia que les convenciese”, recuerda su nieta. Ambos con mucha energía, les gustaba viajar, “tenían siempre en la cabeza no ser una carga para sus hijos”. Cuando encontraron el centro en el que pasar sus últimos días, “estaban emocionados”, cuenta Rocío, y se fotografiaron en la puerta con sus hijos cuando se instalaron.

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Menos de un mes después de instalarse el abuelo falleció de cáncer, y eso hizo que Neme se volviera aún más independiente y ampliara sus grupos de amigas. “Con 80 años y sus manías y carácter” tuvo que pasar a compartir habitación con una desconocida. Satur fue su compañera. También bajó a la zona de aislados cuando se expandió el coronavirus. Rocío y la familia de Neme no sabe nada de ella ni del resto de residentes.

Burocracia frente a una atención personalizada

La dirección de la residencia González Bueno de Madrid, en la que vivía Neme, ha declinado participar en este reportaje. El centro tiene capacidad para unas 600 personas, unas 100 han fallecido allí. Es el primer contraste claro con la residencia Mirasierra que logró esquivar el virus. Allí tienen a un máximo de 46 personas. “Es un número que proporciona la independencia económica para poder tener todos los servicios y a la par tener una personalización sobre el servicio”, subraya su directora Rocío Pérez Cortés.

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Pérez logró anticiparse al desastre del coronavirus por su experiencia y la implicación con los residentes. Defiende el éxito de su modelo de atención personalizada que le permite conocer con detalle a todos los residentes. Para Jesús Cubero, Secretario General de AESTE, la patronal mayoritaria de las residencias, “la virtud está en el término medio”. Una residencia tan pequeña, dice, tendrá dificultades para medicalizarse, mientras que en una de más de 600 residentes es más difícil de gestionar y se pierde cercanía.

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Sin embargo, no cree que la capacidad de los centros haya sido determinante en la cantidad de contagios sufridos ya que “en todas las residencias se ha hecho lo mismo y ha sido la mala suerte de que algún trabajador o familiar haya introducido el virus”.

Las residencias se cerraron demasiado tarde

La patronal instó a las autoridades a tomar medidas con mayor antelación, pero “pecamos de exceso de formalismo”, critica Cubero, y se retrasaron tanto el cierre de los centros de día como la prohibición de las visitas en las residencias, algo que “los familiares no entendían” al principio, cuando se hizo de un día para otro.

Para Jesús, uno de los fallos que hemos tenido como sociedad ha sido “la gestión de las emociones, el miedo a lo desconocido”. Insiste en que las residencias están concebidas para cuidar, pero no para curar. “Cualquier ciudadano mayor no pierde el derecho a ser tratado en el sistema público de salud por el hecho de estar en una residencia”. Y por eso cree que se dio la voz de alarma tarde y no se logró gestionar la crisis sanitaria.

Las puertas de los hospitales “no se cerraron como tal” para las personas mayores, asegura. Hubo derivaciones y sitios en los que no se pudo derivar porque el geriatra de enlace determinó que “iba a ser más perjudicial el traslado de esa persona a un centro sanitario”. En esos días se fueron dictando protocolos en todas las Comunidades Autónomas que tenían que ser retocados constantemente.

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Plazas limitadas y escaso personal: el negocio de los fondos buitre

La ‘Plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencias’ PLADIGMARE, surgida en 2016, fue la primera plataforma de familiares y trabajadores de residencias. “El 73% de las plazas están en manos privadas” de las más de 300.000 plazas residenciales, denuncian.

Miguel Vázquez, presidente de la plataforma, recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda tener un 5% de plazas residenciales en relación a la población mayor de 65 años, lo que significa que España tiene un déficit de unas 75.000 plazas.

Con estos datos, el acceso a una plaza pública es enormemente difícil, “muchas familias se ven obligadas a buscar una plaza privada con costes mucho más elevados que la media de una pensión”, lo que les obliga muchas veces a vender parte de su patrimonio para pagarlo. Al haber una demanda mayor que la oferta, los precios suben.

Vázquez denuncia que en las residencias “la atención es muy deficitaria”. La mayoría carecen de las infraestructuras necesarias para realizar actividades, además de la falta de personal. “Desde la llegada de los fondos de inversión que solo buscan el beneficio económico”, se establecen ratios de personal pensadas para el negocio de la empresa en lugar de para la atención de los mayores, asegura.

De las cinco principales compañías que poseen más de 45 residencias, cuatro tienen como principales accionistas a fondos buitre. Este tipo de fondos permanecen de tres a cinco años en el negocio para hacerla crecer al máximo y venderla. Su objetivo es ganar el máximo dinero posible en el menor tiempo y el sector de las residencias se presta a ello, a costa de la calidad del servicio que se presta a los residentes.

¿La solución pasa por medicalizar las residencias?

Una de las soluciones que se ha propuesto tras la tragedia de la COVID es la necesidad de medicalizar las residencias, algo que para Rocío Pérez es “inviable tanto a nivel logístico como económico”. No se trata de tener un médico y enfermera propio, que ya es necesario para centros con más de 50 residentes, sino de tener laboratorio, pruebas diagnósticas, etc.

Las residencias en España, que surgen de la ley de dependencia, tienen el gran problema de que “no tienen una dotación económica”, explica el presidente de PLADIGMARE. Con un perfil de residente medio de “una persona de 84 años con varias enfermedades, que toma cinco o más fármacos al día y con una situación de dependencia grave”, Vázquez defiende un sistema en el que puedan recibir atención para enfermedades crónicas en la propia residencia.

Si vuelve a darse un rebrote de una pandemia, se debería formar a los trabajadores para evitar los contagios, además de facilitar un stock de equipos de protección individual, defienden los expertos. Jesús Cubero propone además un sistema en el que se priorice la atención a domicilio de los mayores y fomentar su autonomía para evitar su ingreso en residencias.