Bloqueo jurídico frente a la emergencia sanitaria: sin estado de alarma, chocan los poderes del Estado

• Escucha la portada de Javier Ruiz en 'Hora 25':
  

Madrid

Los tribunales frenan el confinamiento domiciliario de los enfermos en Lleida. El Govern pretende legislar por decreto para sortear a los tribunales y la Constitución prohíbe explícitamente lo que pretende hacer el Govern. Pretende prohibir la movilidad, pretende recortar libertades con un Real Decreto Ley que la Constitución no avala. A esta ahora, bloqueo jurídico ante emergencia sanitaria. A esta hora, sin estado de alarma, chocan los poderes del Estado.

Quim Torra, presidente de la Generalitat, pretende aprobar un decreto ley para frenar la movilidad en Lleida, para recortar libertades. Es, literalmente, algo que prohíbe explícitamente la Constitución. El artículo 86 de la Constitución Española dice que por Real Decreto Ley no se podrá afectar ni al ordenamiento de las instituciones básicas ni a los derechos y deberes ni a las libertades de los ciudadanos. Así que, a esta hora, ante la emergencia sanitaria la Generalitat catalana tiene una situación de bloqueo político y mientras tanto el brote sigue avanzando.

Ahora mismo esta es la situación: una orden, una instrucción política, y un desconcierto ciudadano absoluto para 170.000 habitantes que no saben a quién obedecer, si al Gobierno o a la justicia. Este es el escenario. El ejecutivo español lo ha intentado resolver por partida doble con una situación de vaguedad. Fernando Simón dice que esto tiene que ser una solución moral. Illa dice hay solución legal. Mientras tanto, Moncloa descarta decretar el estado de alarma mientras hay 120 brotes activos y ciudades como Zaragoza y Huesca que han retrocedido a la fase 2 y el ministro de Sanidad afea aglomeraciones debido a acontecimientos deportivos.

La emergencia sanitaria sigue y el bloqueo político también. En estos momentos, la urgencia de las soluciones no está siendo acompañada por la de las instituciones. En estos momentos, el bloqueo está servido y la Generalitat pretende aprobar un decreto ley con el que recortar la movilidad, algo expresamente prohibido por la Constitución.

Esta es la situación y está la impotencia: no se puede actuar si no se actúa en estado de alarma. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, decía que no hay ninguna otra alternativa a día de hoy. La pregunta al Gobierno es por qué no se ha desarrollado ya, cuatro meses más tarde, una solución para esta situación. La pregunta a la oposición es exactamente la misma, porque el Partido Popular ha pedido desmontar el estado de alarma, pero tampoco ha contribuido a crear nada más.

Así que, el día después, todo esto sigue sin barrer. No tenemos ordenamiento jurídico que permita las soluciones quirúrgicas que se han de aplicar. Nos encontramos con esta situación de confusión entre 170.000 habitantes que no saben si acatar orden judicial orden ejecutiva. Si esto era lo que se quería para el día después del estado de alarma, enhorabuena, misión cumplida.