"La Fiscalía no hace nada": el dueño de la casa asturiana de Iglesias y Montero responsabiliza a Vox del acoso

Madrid

Duras acusaciones en la SER contra la Fiscalía de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, dueño de la casa en Asturias en la que iban a pasar unos días el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero con sus hijos y que tuvieron que abandonar después de que usuarios de redes sociales compartieran su ubicación y los políticos recibieran insultos y presiones.

Santiago señala directamente como responsable a la ultraderecha de Vox y califica de "muy grave" esta situación de acoso que lleva produciéndose desde hace cuatro meses. Asegura en la Cadena SER el también diputado de Unidas Podemos que son "decenas" las denuncias que se han puesto en los juzgados y que se tendría que actuar de oficio: "No se puede estar todo el día denunciando, es el vicepresidente de España y una ministra, que tienen protección oficial; se está cometiendo un delito constante de acoso, de violencia, de amenazas... que se persiguen de oficio y la Fiscalía debería hacer algo. La Fiscalía no hace nada". 

Insultos y pintadas amenazantes

Tras conocerse la residencia de Iglesias y Montero en estos días de asueto, en redes se han producido diversos insultos e incluso una pintada en una carretera de la localidad que ponía 'Coletas rata'. Un restaurante al que acudieron ambos políticos, Casa María, también ha sufrido "determinados comentarios ofensivos vertidos" relacionados con la estancia de "un político y su familia". "Nuestra "casa" se desvincula totalmente de cualquier inclinación ideológica, siendo el respeto y la educación ,lo único que prima entre nosotros", ha destacado el establecimiento en un mensaje en su página de Facebook. La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), ha lamentado "la mala imagen que para el concejo han generado las protestas ultraderechistas contra el vicepresidente y la ministra de Igualdad que trataban de pasar unos días de descanso en Lena". "Creo que todos los políticos, sean del signo que sean, tienen derecho a disfrutar de su vida privada", ha zanjado en un comentario en Facebook.

La Fiscalia no actuará de oficio

A la Fiscalía no le corresponde investigar de oficio el acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero porque para eso las fuerzas de seguridad del Estado realizan labores de escolta; pueden redactar un atestado, un informe o una denuncia en donde se detallen las circunstancias de lo ocurrido, según precisan a la Cadena SER fuentes fiscales.

En el caso de Iglesias y Montero, los dos miembros del Gobierno tienen una doble escolta proporcionada por el Ministerio de Interior que puede dar cuenta de los hechos. El atestado, si es que se redacta, debe pasar después a manos de un juez y que éste puede recabar la opinión de la Fiscalía para estudiar si existe algún indicio de delito. Según fuentes de la institución pública, es la Policía quien puede actuar de oficio e incluso también los propios afectados pueden presentar una denuncia, ya que al tratarse de delitos contra la intimidad o la propia imagen, incluso por amenazas, necesita la denuncia del ofendido.

Recuerdan, por ejemplo, que cuando el magistrado Pablo Llarena, que instruyó la causa sobre el Procés, sufrió varios escraches violentos en su domicilio en Barcelona por los que vio obligado a vender la propiedad, fueron sus escoltas quienes denunciaron los hechos mediante un atestado que se presentó ante el juzgado.