Sábado, 28 de Noviembre de 2020

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El Pacto de Toledo encomendará al Gobierno acabar con el déficit de las pensiones para 2023

La comisión parlamentaria que evalúa el sistema de Seguridad Social quiere además blindar la "hucha de las pensiones" y un reajuste de las jubilaciones anticipadas

Los portavoces en el Pacto de Toledo tienen previsto reunirse este viernes para ultimar detalles

Los portavoces en el Pacto de Toledo tienen previsto reunirse este viernes para ultimar detalles / JESÚS HELLÍN

El Pacto de Toledo está a punto de cerrar sus recomendaciones, el paso previo a una reforma del sistema de pensiones. Con cuatro años de retraso sobre el calendario previsto, la comisión parlamentaria que examina la sostenibilidad del sistema de pensiones tiene previsto dar esta semana los últimos retoques a la revisión de sus recomendaciones, las líneas maestras pactadas por los grupos parlamentarios para dirigir el rumbo de la Seguridad Social en los próximos años. La última revisión completada data de 2011; tendría que haberse producido una en 2016, pero la complicada situación política (con distintas elecciones, cambios de Gobierno y mociones de censura) han hecho imposible completar hasta ahora la tarea. Pero parece que esta vez sí habrá luz verde: los grupos, que llevan semanas trabajando con discreción, tienen prevista una última reunión de sus portavoces en el Pacto de Toledo este viernes, y si terminan entonces sus trabajos podrían llevar las 22 recomendaciones (a las que ha tenido acceso la SER) a la votación en Comisión el martes que viene.

Las recomendaciones son una revisión de las ya existentes, singularmente de la versión de febrero de 2019, que fue la última vez en la que los partidos estuvieron cerca de un pacto (la convocatoria de elecciones para abril dio al traste con la posibilidad de acuerdo). Como entonces, el Pacto de Toledo abogará por la “revalorización anual de las pensiones en base al IPC real”, es decir, de acuerdo con la evolución de los precios, que para los grupos es “el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”. El Pacto de Toledo pedirá así sin decirlo explícitamente la derogación de la reforma de pensiones de 2013, que acometió el PP en solitario, y que limitaba la revalorización anual de las pensiones a un 0,25% mientras el sistema estuviese en déficit. Aunque derogado de facto por los distintos gobiernos desde 2017, que han revalorizado desde entonces las pensiones por encima de ese 0,25%, todavía la norma general sigue siendo la impuesta por el Gobierno Rajoy hace siete años.

Novedades: gastos impropios y jubilaciones anticipadas

La revalorización conforme a los precios era lo esperable, porque todos los grupos (incluido el PP) llevan años de acuerdo en que es lo conveniente. Las principales novedades en las recomendaciones del Pacto de Toledo están en lo referido a la sostenibilidad del sistema público. En primer lugar, la comisión parlamentaria encomendará al Gobierno que se libre al sistema de los gastos que ha venido asumiendo impropiamente en las últimas décadas y que han contribuido a su desequilibrio económico. Se pide que el Estado asuma progresivamente gastos como las políticas de apoyo a la contratación o de protección a la familia, y que se deje de apoyar a la Seguridad Social mediante la fórmula de préstamos que luego el sistema ha de devolver a la Administración. De hecho, se pone fecha para lograr estos hitos: los grupos piden “un calendario que permita acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2023”.

Además, se encomienda al Gobierno que revise el sistema de jubilaciones anticipadas: ha de “analizar los costos financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican” en los retiros tempranos y, “a la vista de dicho análisis, se valorará la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo y el Gobierno propondrá una respuesta en el plazo máximo de 3 meses”.

El Ministerio de Seguridad Social ya había anticipado estas recomendaciones; de hecho, su titular, José Luis Escrivá ha anunciado repetidas veces que espera la aprobación de las recomendaciones para empezar a transferir gastos impropios (que cifra en 23.000 millones de euros anuales) a la Administración Central, algo que empezará a producirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado, y para acometer la reforma de las jubilaciones anticipadas, endureciendo en general las condiciones de acceso al retiro temprano.

Defender el Fondo de Reserva

Además, el Pacto de Toledo abogará, en su recomendación tercera, por blindar lo que queda del Fondo de Reserva, la “hucha de pensiones” que llegó a estar dotada con 67.000 millones de euros y a la que una situación de crisis constante desde 2011 ha reducido a los 2.000 millones. La comisión propone que “la caída de activos del Fondo en ningún caso se utilizará para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones, y plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo del Fondo de Reserva, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad”.

La comisión incluye en sus recomendaciones otras propuestas nuevas, como la necesidad de estudiar la posibilidad de que se puedan elegir los años más favorables a la hora de determinar la base reguladora de la pensión, “el endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social” o el estudio de “mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”, en tiempos de economía digital, en la que la productividad aumenta más que el empleo (se abre así la puerta a la célebre “cotización de los robots”).

Apoyos parlamentarios

La redacción de las recomendaciones no quiere decir que su aprobación vaya a ser unánime: hay varios grupos que barajan la posibilidad de hacer votos particulares, según fuentes conocedoras de los trabajos del Pacto de Toledo, e incluso existe la posibilidad de que algunos se queden fuera del acuerdo. Entre los primeros están, siempre según estas fuentes, Unidas Podemos, ERC y PP, que han presentado en el pasado diferentes objeciones a la redacción de algunas de las recomendaciones; entre los que podrían no apoyar el texto común se cuenta Vox, que ha abogado en el pasado por sistemas de pensiones privados.

El Gobierno está interesado en un acuerdo lo más amplio posible y que se anuncie pronto, porque quiere incorporar a los Presupuestos Generales del Estado -que se presentarán la semana que viene- las primeras transferencias de gasto del Estado a la Seguridad Social. Además, en La Moncloa tienen interés en presentar ante Bruselas un pacto en un asunto clave como son las pensiones en estos momentos en los que se están estableciendo los mecanismos de reparto de los fondos comunitarios antiCOVID. En todo caso, la aprobación definitiva del acuerdo tendrá que hacerse en el Pleno del Congreso, así que podría tardar semanas.

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