Jueves, 26 de Noviembre de 2020

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¿Qué se juegan los inmigrantes en la batalla Trump-Biden por la Casa Blanca?

The Texas Civil Rights Project representa a más de 400 familias de inmigrantes separados en la frontera sur de EEUU, una "tortura" premeditada para desalentar a otros solicitantes de asilo que ha provocado graves secuelas en las familias afectadas. 25.000 personas siguen en campamentos de refugiados en México esperando su resolución

Más de 500 niños que fueron separados de sus familias a su llegada a la frontera sur de Estados Unidos por la política antimigratoria del presidente Donald Trump todavía no han podido reunirse de nuevo con ellas. En la recta final para las elecciones presidenciales en Estados Unidos analizamos qué se juegan los migrantes en la batalla entre Donald Trump y Joe Biden por la Casa Blanca.

Esta práctica sigue siendo frecuente todavía hoy a pesar de que en 2018 se afirmara que acabaría con las separaciones de niños y con la política de Tolerancia Cero en 2020. The Texas Civil Rights Project (TCRP) ha identificado a 939 niños que fueron separados de un miembro de su familia entre el 22 de junio de 2018 y el 17 de marzo de 2020 sólo en McAllen, Texas, durante el curso de los procesos de Tolerancia Cero en el tribunal federal.

Efrén Olivares, director legal del programa de justicia económica y racial del Texas Civil Rights Project, critica que durante los últimos cuatro años de presidencia de Trump ha cambiado completamente la manera en que se solicita asilo en EE.UU. sin cambiar la ley y en detrimento de los solicitantes. Entre otras medidas, se impidió a los inmigrantes acudir a las oficinas a solicitar asilo, “se les daba un numerito y a esperar su turno”, cuenta Olivares, algo que a muchos les llevó meses.

Además, las normas de la Administración Trump impedían solicitar asilo a quienes hubieran atravesado por un tercer país sin solicitar asilo en él. Luego se implantó el programa ‘permanece en México’, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar durante meses su resolución en México. Bajo este programa se envió al país vecino a más de 66.000 personas. Como resultado, recuerda el director, “del otro lado de la frontera han surgido asentamientos, campamentos de refugiados” donde siguen unas 25.000 personas esperando su turno.

La organización, que brinda asesoría legal a los inmigrantes, denuncia una situación de desamparo de esas personas abandonadas en “zonas peligrosas donde el crimen organizado tiene el control” y los inmigrantes “son presa fácil para ser extorsionados”. Algunos han sido secuestrados y se han dado casos de violaciones.

El TCRP representa a más de 400 familias separadas en la frontera en 2018. En el proceso de defensa de los migrantes afectados, la organización descubrió que las separaciones de los menores ya se daban desde 2017 a través de un programa piloto que separó a mil familias de las que unas 545 siguen sin poder localizar a los padres, que en muchos casos fueron deportados sin sus hijos, la mayoría a Guatemala y Honduras. Mientras tanto, los menores permanecen en Estados Unidos a cargo de algún familiar o en albergues o casas de acogida.

Esas separaciones se justifican por la “infracción menor” cometida por los padres al cruzar la frontera de forma irregular, por lo cual eran procesados penalmente y separados de los niños. Sin embargo, Olivares insiste en que no había ningún motivo para no reunificarlos y, menos aún, para deportar a los padres. Pero esto, dice, “no fue ningún accidente, era el objetivo inicial explícito que anunció el entonces procurador Jeff Sessions: utilizar la separación de familias como una manera de desalentar a otros inmigrantes de ir a EE.UU.”.

Unas separaciones que constituyen tortura, asegura el director del programa, y que dejan graves secuelas en los menores y sus familias. Efrén Olivares ha conocido casos en los que los niños separados eran tan pequeños que no reconocían a sus padres tras ser reunificados unos meses después.

Ahora, con el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus, se expulsa a su país de origen a todos los inmigrantes que llegan a la frontera sin oportunidad de solicitar asilo y sin tener en cuenta que puedan tener familiares en Estados Unidos, una práctica que la ONG está impugnando. Para Olivares, las elecciones del 3 de noviembre son “un referéndum de las políticas de este presidente” que daría “un sello de aprobación” a todo lo vivido en los últimos cuatro años.

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