Martes, 27 de Octubre de 2020

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Inmigración

3.000 menores inmigrantes desaparecidos en Estados Unidos

Después de haber sido separados de sus padres y enjaulados, las autoridades estadounidenses han perdido la pista de cientos de niños no acompañados. En España también han ocurrido decenas de casos similares en los que la comunidad que tiene la tutela de los menores no cumple con su obligación legal de atenderlos

La administración norteamericana ha reconocido haber perdido la pista de casi 3.000 niños que estaban a su cargo y cruzaron solos la frontera. La corresponsal de la SER en EEUU, Marta del Vado, nos ha explicado que cuando los menores no acompañados llegan a EEUU y son detenidos tras cruzar la frontera de forma ilegal, pueden estar por ley un máximo de 72 horas en centros de detención. A partir de ese periodo son llevados a albergues. Quien se encarga de gestionar esto es el departamento de salud y derechos humanos que lo que hace para que no se saturen esos albergues es buscar familias de acogida, unos tutores temporales o “sponsors”, que normalmente son familiares del menor o amigos. Con ellos están meses o años hasta que el juez migratorio decida si se puede quedar en EEUU o si va a ser deportado.

Lo que ahora ocurre es que una investigación del Senado ha revelado que el departamento de salud no da con el paradero de 1.488 niños. Lo que este departamento hace es llamar a estas casas una vez al mes y en estos casos el menor ya no está allí, por lo que no tiene forma de saber dónde está. Por eso el departamento de salud matiza que no es que estén desaparecidos, sino que están “no localizados”, que consideran que no es lo mismo. Y esto se suma a los otros 1.500 niños con los que ocurrió lo mismo en abril. Así que, que sepamos, este departamento ha perdido el rastro de al menos 3.000 niños que llegaron sin papeles y solos a EEUU entre este año y el año pasado.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos y la protección de la infancia temen que algunos de esos menores hayan podido caer en manos de las mafias y han denunciado el riesgo de que puedan sufrir explotación sexual, laboral, que sean utilizados como mula para transportar droga, o simplemente que no sean escolarizados. Por eso los congresistas están presentando una propuesta de ley bipartidista para que esto se regule, para que se haga un seguimiento de las familias a las que son entregados estos niños, que se comprometan por ejemplo a acompañarlos a las audiencias migratorias que tienen periódicamente. Se trata de que el gobierno federal asuma la responsabilidad de cuidar a estos menores aunque ya estén en esas familias de acogida.

Todo esto ha ocurrido en el marco de la política de “tolerancia cero” de Donald Trump, una política que ya en mayo anunciaba el fiscal Jeff Sessions, que decía directamente: “si entras ilegalmente con un niño, lo separaremos de ti”. Tras el escándalo derivado de la publicación de un vídeo en el que aparecen los niños enjaulados llorando y pidiendo ver a sus padres, esa orden fue revocada por Trump. La política migratoria se ha convertido en un caos. Hace dos meses que ya no se separa a los niños de los padres, ahora lo que hacen es detenerlos a todos juntos, pero la política de esta administración, de criminalización constante contra el indocumentado, especialmente contra el latino, no ha parado. Esta semana se ha detenido a más de 40 migrantes sin papeles que iban a hacerse cargo de menores no acompañados. Por ejemplo, nos ha explicado Marta del Vado, “si un menor de 12 cruza la frontera ilegalmente, le dice a las autoridades que tiene una tía en San Diego, las autoridades la contactan para ver si puede hacerse cargo de ese niño, la tía dice que sí, y al presentarse en migración para ir a por él, la detienen por no tener papeles”. Este tipo de cosas son las que están ocurriendo ahora en EEUU, al igual que las redadas en las que detienen en sus lugares de trabajo a decenas de personas.

De los 2.500 menores separados y enjaulados que se pueden ver llorando desesperados en el vídeo publicado por ProPública, todavía quedan 497 niños sin reunificar con sus padres que continúan solos en albergues federales, pese a que desde hace dos meses hay una orden judicial que obliga al gobierno a hacer esa reunificación. De entre ellos, hay 22 niños con menos de 5 años. En muchos casos no se han podido reunificar porque los padres han sido deportados, están detenidos o no los encuentran.

Las condiciones infrahumanas de los inmigrantes en Europa

Los menores que llegan a las costas europeas también sufren en muchos casos situaciones similares a las de los menores que cruzan a Estados Unidos. José Palazón, director de la ONG Prodein, asegura que a nivel europeo la cifra de menores a los que se les ha perdido la pista es mayor de 3.000 y en España “se reconocen muchos menos casos de los que realmente son”. Palazón pone como ejemplo el caso de Melilla, donde los barcos que parten a la ciudad llevan en ocasiones hasta 20 niños no acompañados. Y esos menores cuando pasan la frontera “se quedan en la calle de Melilla porque no quieren ir a los centros, no confían en el sistema de menores, y lo que quieren es pasar en seguida a la península”.

Lo que marca la ley es que cuando un niño aparezca en una comunidad autónoma sin familia, ésta tiene la obligación de tutelarlo, y eso no está ocurriendo, según denuncia Palazón. El Estado debería destinar más recursos a evitar que ocurran desapariciones de menores inmigrantes no acompañados. Pero, insiste Palazón, “también tiene que haber un control del dinero que se destina” para que se traduzca en una mejoría en el trato de los menores. Sobre el reparto de estos menores entre las comunidades autónomas, Palazón defiende que el camino es que sea el Estado quien provea de recursos la guarda de los menores para que sean cuidados en diferentes comunidades que los acepten, aunque gran parte de las tutelas recaigan en Andalucía por ser la vía de entrada más común. “Cuando se habla de menores no se puede hablar de solidaridad, es una obligación legal de quien recibe la tutela de ese menor”, defiende.

Una jaula, aunque no del mismo estilo que las de EEUU, es para muchos el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Allí viven hacinadas unas 9.000 personas, lo cual triplica la capacidad del centro. Hay familias completas para las que la vida allí es “un infierno”, según ha podido constatar el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Lesbos, Luca Fontana. “Viven 9.000 personas unas encima de las otras”, asegura, “no hay espacio y la mayoría de la gente vive en tiendas de campaña, tres o cuatro personas en una tienda pequeña ahora que empieza a hacer frío y caen las primeras lluvias. Hay un baño por cada 70 personas, 3 o 4 horas de espera para coger la comida cada día”. Además, para un adulto “es casi imposible ver a un médico”, porque en la clínica de la ONG atienden a más de un centenar de niños al día.

Para gente que ha llegado a Europa huyendo de guerras, persecuciones y torturas, teniendo que hacer un viaje en el que han pasado todo tipo de calamidades, “el sólo hecho de entrar en Moria ya es traumático. Y quedarse allí atrapados durante meses o años a veces, es demasiado para un ser humano y está llevando a la gente a la desesperación total”, asegura Fontana. De hecho, se han incrementado los intentos de suicidio y autolesiones, también entre los menores. En una semana, en la clínica de Médicos Sin Fronteras han tenido que coser las muñecas de dos adolescentes de 15 y 16 años que se habían intentado cortar las venas. “Esto se está convirtiendo en la normalidad”, lamenta el coordinador de la ONG y critica las “políticas de contención, que son la base de la política migratoria de la UE y son vendidas como éxitos porque frenen la llegada de refugiados, pero pagando un precio en vidas humanas y destruyendo el futuro de miles de personas y niños”.

Fontana espera que la apertura del centro a los medios de comunicación muestre al mundo la situación que se vive. “El flujo migratorio no ha parado y ahora hemos llegado al nivel de emergencia humanitaria”. Además, pronto volverá el invierno y urge una respuesta del gobierno griego y de la comisión europea porque “más de 4.000 personas viven en tiendas de campaña que no permitirán a las familias sobrevivir al invierno en ellas”. Recuerda Fontana que ya el año 2016 murieron personas por el frío.

Esta xenofobia estadounidense y europea contrasta con la ejemplaridad de Pakistán. No sólo es el país del mundo que más refugiados acoge, sino que va a conceder la nacionalidad a los inmigrantes de segunda generación. Se trata de más de un millón de refugiados afganos y bangladesíes que llevan décadas viviendo en Pakistán. Este es un tema que se arrastra desde hace años. Pakistán es el segundo país que más refugiados acoge, después de Turquía. La mayoría son afganos que huyeron de la guerra con la URSS, la invasión de EEUU y la violencia talibán. Llevan décadas en Pakistán y ya van por la tercera generación, pero hasta ahora a esos niños que nacían en suelo paquistaní se les negaba la ciudadanía. El gobierno ha dicho ahora que se la va a dar, una medida que ha generado cierta controversia desde algunas fuerzas políticas pero que se presenta como necesaria también para reducir los niveles de violencia, ya que permitirá a miles de personas acceder a un trabajo y salir de las calles.

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