Anticorrupción pide 4 años de cárcel para Ignacio González por amañar el tren de Navalcarnero por 1,8 millones
También reclama 6 años de prisión para Javier López Madrid, el exconsejero delegado de la empresa adjudicataria de la obra, OHL, a quien atribuye los delitos de cohecho activo al pagar la mordida y falsedad en documento mercantil
Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional su escrito de conclusiones provisionales por la pieza del caso Lezo que investiga la adjudicación del madrileño tren de Navalcarnero y en el que también reclama la apertura del juicio oral.
El Ministerio Público solicita cuatro años de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid y una multa de dos millones porque en 2007, cuando ocupaba la vicepresidencia, supuestamente amañó a favor de la constructora OHL la adjudicación de esta obra, en colaboración con el exdirector del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel.
Ambos, según el escrito fiscal, se repartieron una mordida de 2.5 millones de dólares (1.8 millones de euros al cambio) que abonó López Madrid, para que ejercieran su influencia sobre el entonces consejero delegado de Mintra, Jesús Trabada, que era el órgano que ejercía la contratación.
Para ejecutar el plan y llevar a cabo el pago de la comisión, contaron con la "colaboración esencial", según la Fiscalía, de los también acusados Felicísimo Damián Ramos (director de control de gestión de OHL) y del empresario Adrián de la Joya, quienes "se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello".
La adjudicación del contrato obedeció a un plan ideado por López Madrid y Rafael Arturo Martín Nicolás, que fuera consejero director general de construcción de OHL, consistente en "asegurarse la adjudicación inicial con una oferta a la baja" y conseguir la posterior modificación del contrato compensando la merma de ingresos que suponía su oferta. Para lograr el objetivo, abonaron la millonaria comisión.
Además de las penas de prisión para López Madrid y González, acusado de un delito de cohecho pasivo, Anticorrupción solicita cárcel para otras cuatro personas, entre ellas Ildefonso de Miguel, a quien pide 4 años de cárcel por cohecho pasivo, y tres años y seis meses para Adrián de la Joya por cohecho activo.