¿La justicia lenta hace justicia?

Madrid

Esta mañana nos ha contado Alberto Pozas que el borrador de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma propone declarar inconstitucional algún aspecto como el estricto confinamiento domiciliario. El Constitucional es un tribunal de garantías, no de justicia, pero comparte con estos una lentitud a veces incompatible con sus funciones. Porque es lógico plantearse qué sentido tiene proclamar más de un año después que lo que se hizo no se adecuaba a la Constitución.

En 1985 se eliminó el recurso previo de inconstitucionalidad, usado abusivamente hasta entonces para paralizar leyes y zancadillear la acción del Gobierno de turno. Pero esa medida, necesaria para no congelar leyes impecables, debería haber estado acompañada de otras para acelerar las decisiones del Constitucional sobre asuntos esenciales, para no mantener vigentes leyes que pudieran ser finalmente inconstitucionales. Aunque la media de sus resoluciones se ha reducido, en 2019 fue de cuatro meses y medio, el TC tiene récords vergonzantes. Tardó siete años en declarar constitucional el matrimonio igualitario y la última Ley del aborto del Gobierno de Zapatero aún está pendiente de sentencia once años después. No son retrasos normales, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución por la que tienen que velar estos magistrados se elaboró en poco más de un año.