Daniel Ortega se deshace de la oposición en Nicaragua

Las dos últimas semanas se ha producido en Nicaragua el arresto de cuatro precandidatos a las elecciones del 7 de noviembre a las que el presidente Daniel Ortega se presenta Ortega se presenta para su cuarto mandato consecutivo. Acusados de "traición a la patria", Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro permanecen bajo arresto y han sufrido el allanamiento de sus domicilios.

En total, el Gobierno ha detenido a 16 personas, entre ellas 13 destacados miembros de la oposición política, dos ex empleados de la Fundación Violeta Chamorro y Luis Rivas Anduray, presidente del Banco de la Producción (Banpro).

Lo que está ocurriendo es “el reflejo de una dictadura de corte fascista”, en palabras de Juan Diego Barberena, abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un fascismo, dice, con constantes violaciones de los derechos humanos, el “exterminio de toda disidencia política” y una absoluta impunidad.

Más allá de los arrestos, la presión política se manifiesta de otras muchas formas, según Barberena. “A través de un Estado de sitio de facto impuesto en las calles de Nicaragua”, con una “presencia policial desproporcionada” en todas las ciudades, también a través de “allanamientos ilegales por las noches en las casas de los opositores”, y con retenes y controles en las carreteras en los que revisan los vehículos e incluso los teléfonos de sus ocupantes.

Además, todas las asambleas de los grupos opositores son “hostigadas” por la policía, denuncia el abogado. “No hay persona que pertenezca a un grupo opositor que no sea detenido o requisado y en algunos casos son agredidos físicamente”.

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¿Cuándo surge la represión?

Abril de 2018 marcó un punto de inflexión con el comienzo de una cruenta represión en el país contra una serie de manifestaciones contra el Gobierno de Ortega. Pero Barberena señala que ya antes había algunos atisbos de represión en contra de los movimientos sociales que surgieron.

Las concesiones “con rango constitucional” de Daniel Ortega a un empresario chino fueron un factor de movilización de las protestas. En 2013 “le cedió la soberanía nacional” a ese empresario para construir un canal interoceánico, detonando el “Movimiento Campesino Anticanal”, organizado en defensa de sus tierras.

Lo que cambió a partir de 2020, explica, es que Ortega vio cómo se organizaba un movimiento político opositor unificado para disputarle el poder político en 2021, se afanó en “cerrar todo espacio de organización”.

A esto se suma la aprobación de una ley en diciembre de 2020 en la que se defiende la soberanía nacional y “sanciona a todo aquel opositor que ponga en peligro esa soberanía al solicitar sanciones en contra de los funcionarios públicos del régimen de Ortega”, asegura el abogado. Una ley que ha servido para encarcelar a los opositores detenidos esta semana bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Juan Diego Barberena niega que la oposición y el movimiento popular en Nicaragua estén tutelados o ayudados por algún grupo de presión exterior. Es el pueblo de Nicaragua el que “clama y exige una esperanza que pasa por que el régimen político cambie y que los votos de la ciudadanía cuenten”, defiende.

La comunidad internacional demanda un cambio en el país y exige que se respeten los derechos humanos. Y el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega que “solo afectan a su círculo”, asegura el abogado, no al pueblo. Por eso cree que las acusaciones de Ortega de una injerencia extranjera son solo una estrategia para intentar ganar apoyos.