La acusación popular de la Kitchen muestra su "sorpresa" por la decisión del juez y anuncia que la recurrirá

Madrid

El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso kitchen, esa supuesta trama pagada con fondos reservados para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, envía al banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior, incluido el exministro, Jorge Fernández Díaz, quien, tal y como anunciaba ayer Pablo Casado, ya no es militante de la formación.

Los manda al banquillo por ordenar y dirigir el espionaje a Bárcenas, con el objetivo de robarle toda la documentación sobre la caja B que pudiera comprometer al PP y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una operación que se pagó con fondos reservados. En cambio, se libra del banquillo la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. Dice el magistrado que los indicios contra ellos son débiles.

Esto ha sorprendido entre las acusaciones, y también el hecho en sí de que el juez haya decidido cerrar la investigación. Porque tanto la Fiscalía, como los perjudicados y las acusaciones populares habían pedido que se alargara seis meses porque aún había pruebas por realizar.

Gloria Pascual, abogada, representa a una de esas acusaciones, la del PSOE, asegura en Hoy por hoy que el auto del juez les ha producido "enorme sorpresa". "Los hechos que se investigan son una operación policial para entorpecer una investigación judicial", apunta Pascual.

La abogada explica que la investigación tiene tres patas. Por un lado, la técnica que afecta a la policía, por otro lado la administrativa que apunta al ministro y al secretario de Estado y por último al primer beneficiario de la financiación ilegal: el Partido Popular, "que no se encuentra investigado". "El juez encuentra que no hay indicios cuando es el principal beneficiado de la causa que se investiga", añade Gloria Pascual. 

"Confiamos en la justicia. Se pueden cometer errores, son humanos. Siempre existe una segunda instancia, motivo por el que vamos a recurrir", afirma la abogada de la acusación popular y recuerda que esta imputación no la piden solo ellos, sino también el ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y "las propias defensas".