¿Qué significa la rebelión jurídica de Polonia? ¿Qué puede hacer Europa?

Madrid

El Tribunal Constitucional de Polonia, que ya suma una buena mochila de reproches de la Unión Europea, ha decidido hoy dinamitar uno de los pocos puentes a través de los que sigue conectado con las instituciones comunitarias. Lo ha hecho con una rebelión jurídica llamativa, con pocos precedentes. El Constitucional polaco ha declarado inconstitucionales varios artículos de algunos tratados de la UE por entender que prima el derecho nacional al europeo, un asunto que echa por tierra uno de los preceptos más básicos de la estructura legal de la organización supranacional.

El pulso que le está echando Varsovia a Bruselas viene de largo. Polonia está desgarrando poco a poco derechos fundamentales del colectivo LGTBI y de las mujeres, al mismo tiempo que destruye la independencia judicial, de ahí que la Comisión Europea se esté preparando para activar, de un momento a otro, una suerte de mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos. Es decir, si Polonia o Hungría siguen obviando valores tan básicos para el estado de derecho comunitario, no van a recibir el chorro de dinero que ya está aprobado en la mayor parte de países miembro.

El Gobierno polaco preguntó en marzo al Alto Tribunal del país si el derecho nacional era incompatible con los reglamentos europeos y, por tanto, si debía primar el derecho polaco por encima del europeo. La resolución se retrasó cuatro veces hasta que hoy el Constitucional ha decidido ponerse del lado del Ejecutivo. La Comisión Europea ya avisó a Polonia el 15 de julio que "todas las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluidos los autos sobre medidas provisionales, son vinculantes para todas las autoridades de los Estados miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales".

En cualquier caso, Polonia hoy da un paso de gigante en su ruptura institucional y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué puede hacer la UE? Y sobre todo, ¿sienta esto un precedente? Guillermo Íñiguez, jurista y experto en derecho europeo, explica a la Cadena SER que las consecuencias jurídicas "todavía no están claras", pero recuerda que, según el asunto Simmenthal de 1978, el derecho europeo está por encima de cualquier ley nacional y cualquier texto legal incompatible con el derecho comunitario, que prima sobre el anterior, y que en ese caso debe ser desactivado de inmediato. Además, cualquier resolución del Tribunal Europeo de Justicia es vinculante para los Estados miembro. Íñiguez habla de una guerra política más que jurídica, sobre todo a cuenta de los fondos europeos.

Sobre las posibilidades de acción de la UE, el experto señala que la Comisión podría seguir presionando a Polonia con el bloqueo de los fondos europeos, otra opción sería simplemente ignorar el pulso polaco y entender que el principio general del derecho europeo prima y, finalmente, la UE podría elevar el tono contra Polonia como ya ocurrió con Hungría en 2018 y activar el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que en la práctica supone privar de ciertos derechos a un Estado miembro, entre otros votar en el Consejo Europeo. El problema fundamental aquí es que para que salga adelante se necesita unanimidad de todos los países y lo más probable es que Hungría no lo acepte.