Un (presunto) delincuente, al Constitucional

Madrid

Un (presunto) delincuente está a punto de ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Si nadie lo remedia en el último minuto, la más alta instancia jurídico-judicial del país, se teñirá de oprobio y de vergüenza internacional. El Congreso decidirá mañana. También los votos de las distintas familias progresistas. Enrique Arnaldo es candidato del PP a ocupar plaza en este sacrosanto foro. Su nombre es producto del pacto singular, y nauseabundo, entre el secretario "popular" Teodoro García Egea y el todopoderoso ministro socialista Félix Bolaños. Cada uno votará las propuestas del otro. No importa su nivel de abyección. El nombre de Arnaldo no es horroroso porque haya acreditado ser un fiel mayordomo de gobernantes y dirigentes corruptos del PP, como Jaume Matas. Ni porque sea moralmente incompatible con el cargo, por su intensa dedicación a las conferencias, eventos y dictámenes de la FAES de José María Aznar. No. Arnaldo no debe ser elegido porque ha actuado contra la ley, todo indica que incurriendo objetivamente en delitos de corrupción. Como letrado de las Cortes, tenía prohibido prestar esos servicios a administraciones públicas mientras ejercía sus labores oficiales. No le importó. Los delitos penales de corrupción que sobrevuelan a Arnaldo son el de tráfico de influencias y el de realizar "actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función". Los regulan los artículos 430; y 439, 441, 442 y 443 del Código Penal. La carga de solventar el vacío institucional es enorme. Y es pesada. Se comprende. Pero nunca puede operar como chantaje moral a los ciudadanos para que los delincuentes salgan elegidos jueces. No en nuestro nombre.