Bye, Deliveroo

Casi 100 días después de que el Real Decreto-ley 9/2021, la ‘Ley Rider’, Deliveroo anuncia que –como había planteado el pasado verano- dejará de operar en España y negocia con sus trabajadores un despido para el que, en muchos casos, tiene aún que contratar para, a continuación, rescindir esos contratos. Lejos de deberse al impacto de la propia ley, en un texto remitido a la bolsa de Londres el pasado 30 de julio, la plataforma de reparto a domicilio ya había adelantado que mantener una posición de mercado de primer nivel en España –que representa menos del 2% de los ingresos de la compañía- requeriría un nivel desproporcionado de inversión y no asegura retornos, por lo que ahora concluye el cierre de las operaciones en nuestro país, a partir del próximo 29 de noviembre.

Sin embargo, Deliveroo es solo una de las compañías que operan en España y las demás sí ha tenido –o deberían de haberlo hecho- que adaptar su estructura laboral a una ley que buscaba laboralizar a miles de cientos de autónomos. La realidad es que, en la mayoría de los casos, esto no es lo que ha ocurrido. Al contrario, las empresas han tratado de poner en marcha pequeños cambios cosméticos para justificar los contratos de falsos autónomos a sus riders.

“Nosotros ya dijimos, desde el minuto cero que salió esta ley que, sin reforzar la inspección y la justicia, no serviría de nada, porque estas empresas han venido aquí a saltárselo absolutamente todo. Anteriormente se saltaban el Estatuto de los Trabajadores, ahora se seguirán saltando la Ley Rider porque les sale más rentable pagar la multa que respetar la ley” explica en Hora 25 de los Negocios Daniel Gutiérrez, portavoz de Riders por Derechos.

Así, Glovo, por ejemplo, ha anunciado que contratará a unos 2.000 repartidores en España de aquí a final de año, lejos de los 12.000 que se calcula que tiene en el país. El resto se mantendrá bajo el modelo actual de colaboración autónoma, si bien, cambiará las condiciones de trabajo de estos ciclistas para intentar bordear la sentencia del Supremo y la nueva normativa. Para justificar que sus repartidores autónomos gozan de independencia, les permitirá conectarse a la aplicación a la hora que deseen (hasta ahora debían reservar franjas de trabajo), rechazar pedidos, subcontratar a su vez a otros trabajadores para que repartan en su lugar y les dará cierta libertad para decidir sus tarifas de reparto: Los trabajadores negocian la tarifa de cada reparto. Al inicio del turno, los trabajadores escogen un multiplicador 0,7 – 1,3, y “se hace una subasta entre ellos”. Por su parte, Uber Eats, utiliza a repartidores de empresas de logística para despachar sus pedidos en lo que, denuncian los riders, es una cesión ilegal de trabajadores.

Algo que sí se podría estar dando, en opinión de Jesús Lahera, Catedrático de derecho del trabajo en la Universidad Complutense de Madrid , quien señala que "en relación con las contratas de plataformas sí hay riesgos de cesión ilegal”. Además, según apunta el catedrático en Hora 25 de los Negocios, “hay una jurisprudencia clara que dijo que el control, dirección, organización a través de algoritmos de plataformas digitales suponía una laboralización y ello se reflejó en el Real Decreto-ley 9/2021, que está vigente y que hay que aplicar con esa presunción de laboralidad si se ejercen los poderes empresariales mediante algoritmos. A partir de ahí, este tipo de empresas pueden organizarse de tal modo que no caigan en la laboralización, que el poder de control y dirección no sea a través de algoritmos y que no sea realmente una dependencia en la relación entre el rider y la plataforma. Eso es muy difícil porque, en realidad, el cliente paga a la plataforma, no hay una relación directa con el rider y, por mucho que se establezcan sistemas de subasta de precios y eso puede dar lugar a situaciones de nuevo de falsos autónomos”.

Únete al canal de WhatsApp de la SER