Los fisioterapeutas riojanos alzan la voz contra el intrusismo

El problema no es nuevo. Con la resolución del pasado 4 de julio de 2022 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, se implantan programas de prescripción de ejercicio físico que se llevan a cabo mediante la derivación, desde el personal de medicina y enfermería de Atención Primaria, a lo que ahora se llamarán Unidades Activas de Ejercicio Físico dirigidas por profesionales de la educación físico deportiva implantadas en los centros deportivos públicos.

El pasado 21 de noviembre los Consejos Generales de las Profesiones Sanitarias firmaron un manifiesto, donde se exigía que se excluyera de este plan a las personas con patologías, ya que han de ser tratadas por personal sanitario y no por educadores físico-deportivos.

Este programa establece que los profesionales de medicina y enfermería prescriban ejercicio físico a los pacientes y los deriven a las Unidades Activas de Ejercicio Físico, creadas por este plan, para que educadores físico-deportivos ejecuten la prescripción con los pacientes. La prescripción es un acto sanitario que siempre se produce de un profesional sanitario a otro profesional sanitario en donde se indica la realización de unas pruebas o el suministro de un medicamento para su administración en base a una posología indicada. La prescripción y aplicación de ejercicio para tratar a pacientes es un acto sanitario que debe permanecer en manos de sanitarios.

Los Fisioterapeutas, desde hace más de 50 años, tienen la competencia legal de realizar ejercicio terapéutico sobre los pacientes, están formados y capacitados para prescribir, diseñar, implementar, ejecutar y dirigir los programas de ejercicio que necesita un paciente, cara a mejorar o sanar su patología. Dentro de su práctica profesional, el ejercicio terapéutico es una de las terapias que más frecuentemente utiliza para el tratamiento de sus pacientes. Pero, según denuncia la presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de la Rioja, Ana San Juan, los Fisioterapeutas no forman parte de este programa, ni como los prescriptores que son de ejercicio terapéutico ni como los receptores de la derivación de los otros profesionales sanitarios para la implementación del programa de ejercicio terapéutico.

Una decisión que genera 4 grandes problemas

Un problema económico. Se está invirtiendo fondos europeos en crear una nueva estructura parasanitaria que reproduce un acto cotidiano dentro de la Atención Primaria, la derivación de pacientes al Fisioterapeuta. Además, cuando estos pacientes sean tratados por los educadores físico-deportivos, volverán a la Atención Primaria con agravamiento de sus patologías, incrementado el consumo de recursos humanos y materiales.

Un problema jurídico. Cuando profesionales de medicina y enfermería prescriban la derivación de pacientes a educadores físico-deportivos está promoviendo que un profesional no sanitario trate pacientes con actividad física, un acto propio del Fisioterapeuta y que según el artículo 403 del código penal puede ser constitutivo de delito de intrusismo profesional.

Un problema de salud pública. Cuando profesionales de medicina y enfermería prescriban la derivación de pacientes a educadores físico-deportivos, que no son profesionales sanitarios, que no tienen las competencias, conocimientos ni capacidades para tratar enfermedades, producirá sencillamente que se acrecienten y agraven las enfermedades de las que supuestamente iban a ser curados. Esto provocará que estos pacientes vuelvan al sistema público de salud, pero en este caso a los ya saturados sistemas de Atención Primaria por el agravamiento de su patología, provocando un auténtico efecto pandemia de conocidas y devastadoras consecuencias.

Un problema de transparencia. Los profesionales de la fisioterapia n acaban de entender que un programa europeo enfocado en crear una herramienta digital se haya convertido en un programa de formación, de creación de unidades activas de ejercicio físico y de contratación de profesionales a cargo de ellas.

Cuestionan si los fondos europeos están siendo correctamente ejecutados, si el porcentaje de implantación de la formación, ridículamente bajo, no esconde un supuesto uso fraudulento de estos fondos.