Una comisión analizará la "urgencia" en la tramitación de los fondos europeos en La Rioja

Logroño

La Rioja y el Estado abordarán en una comisión bilateral la decisión del Ejecutivo riojano para tramitar con carácter de "urgencia" y de forma "prioritaria" los contratos públicos con fondos europeos. Una medida del Gobierno que preside Gonzalo Capellán, recogida en la ley de acompañamiento a los presupuestos de La Rioja para 2024, con el objetivo de "elevar la baja ejecución" de los proyectos que cuentan con financiación de la Unión Europea, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Domínguez.

La Rioja es una de las comunidades con menor grado de ejecución de estos fondos procedentes de Bruselas, de acuerdo a los datos recogidos en la plataforma ELISA, del Gobierno de España para dar cuenta del seguimiento del plan de recuperación, transformación y resiliencia, puesto en marcha para dar respuesta al impacto de la pandemia.

Según la información recogida en esta plataforma, La Rioja ha resuelto por ahora 258 millones de euros, con un saldo de 4.339 beneficiarios, que incluye empresas, entidades y particulares.

El objetivo del actual Gobierno de La Rioja es "alcanzar este año una ejecución de 130 millones de euros", según Domínguez, por lo que han introducido esta tramitación "urgente" y "prioritaria" en la normativa que acompaña a las cuentas para el actual ejercicio.

La escasa ejecución en estos momentos difiere del balance de hace casi seis meses cuando la expresidente del Gobierno, Concha Andreu, aseguraba entonces que "La Rioja es la comunidad que más fondos europeos ha captado y ejecutado por habitante". Un resultado que también había ratificado previamente la entonces vicepresidente primera, Nadia Calviño.

De hecho, el balance sobre los fondos europeos correspondiente a 2023 revela que La Rioja tiene asignados 529 millones de euros en este periodo posterior a la emergencia sanitaria, a la espera de su ejecución definitiva.

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Comisión para evitar la vía judicial

Ambas administraciones han acordado un plazo de nueve meses para solventar las discrepancias sobre el procedimiento adoptado en La Rioja para "agilizar" la ejecución de los fondos europeos y evitar así la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado.

El Gobierno de España discrepa de este planteamiento, debido a que "la regulación autonómica podría entenderse incompatible con las directivas europeas en materia de contratación y con la legislación básica estatal de contratación", según recoge el Ejecutivo riojano en un comunicado.