Un tribunal italiano recurre la Ley de Inmunidad de Berlusconi
Berlusconi asegura de nuevo que la justicia y la prensa están politizadas
El tribunal de Milán (norte de Italia) que juzga al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por presunta corrupción ha decidido pedir la intervención del Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la nueva ley que concede la inmunidad al jefe de Gobierno.
Los jueces del Tribunal estimaron que las críticas presentadas por los fiscales y las partes civiles contra ley, por ser inconstitucional, tienen fundamento, por lo que decidieron pedir el parecer del Constitucional. Mientras la corte se pronuncia, el proceso estará paralizado, precisó el tribunal.
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Berlusconi está acusado de haber sobornado a un grupo de jueces para que fallaran en contra de la venta de un gigante alimentario del Estado a una empresa privada en los años 80. Ocho personas, entre ellas el ex abogado y amigo de Berlusconi, Cesare Previti, quien fue ministro de Defensa en su primer gobierno, en 1994, fueron acusadas de soborno.
VIOLA LA LEY
La fiscal del tribunal, Ilda Boccassini, y las partes civiles, sostienen que la ley que concede la inmunidad a los cinco mayores cargos del Estado, entre ellos el que ocupa Berlusconi, "es claramente inconstitucional". Según los críticos, la ley viola el principio, ratificado en la Constitución de que la ley es igual para todos y que las víctimas tienen derecho a ser indemnizadas.
Para uno de los abogados de Berlusconi, Nicolo Ghedini, la decisión del tribunal de Milán es "política y no técnica". "El 85% de la prensa italiana es de izquierda y entre los jueces es peor. Hay un cáncer que queremos extirpar en Italia: La politización de la magistratura", afirmó ayer Berlusconi en una entrevista divulgada por una emisora privada francesa.
JUICIO APLAZADO
El juicio que se seguía contra los presuntos cómplices de Berlusconi, entre ellos Previti, ha sido aplazado hasta el próximo 29 de septiembre. El tribunal tomó la decisión de aplazarlo por tres meses en respuesta a los acusados, que pidieron 45 días de plazo para estudiar la posibilidad de negociar la condena con la justicia tras la entrada en vigor de una nueva ley.
La fiscal había pedido penas de 6 meses a más de 11 años de cárcel para los acusados, y el tribunal tenía que pronunciarse este mes, algo que podía afectar la imágen de Berlusconi, quien mañana asumirá la presidencia semestral de turno de la Unión Europea.
