Sólo la izquierda apoya expulsar a los tránsfugas de las instituciones

El Congreso rechazó ayer, con los votos de PP, CiU y CC y la abstención del PNV y del Grupo Mixto, la propuesta del PSOE para modificar la Ley Electoral y poder así expulsar a los diputados desleales con el partido por el que hayan sido elegidos. Sólo IU apoyó al PSOE.

La intención de la propuesta socialista era impedir que puedan repetirse casos como el de la Asamblea de Madrid, de manera que los electos (parlamentarios o concejales) pierdan su escaño en caso de deslealtad hacia el electorado, fraude a la representación conferida y desnaturalización del resultado electoral. El portavoz adjunto del Grupo Popular, Gabriel Cisneros, justificó su rechazo asegurando que esta resolución es "de constitucionalidad más que dudosa".

En concreto, la petición socialista señalaba que no podría perderse la condición de representante si la sanción responde a motivaciones derivadas exclusivamente de consideraciones sobrevenidas que afecten a la libertad ideológica.

El trámite para la pérdida del acta de representante se iniciaría a instancias de la formación política afectada, que instaría a ello a un órgano jurisdiccional, que podría ser la Junta Electoral y que procedería a aplicar la sanción mediante un procedimiento de especial urgencia y celeridad. Todo ello, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran proceder y, en todo caso, con el ulterior control por parte del Tribunal Constitucional.

RECHAZADA LA TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA

Únete al canal de WhatsApp de la SER

También se desestimaron las propuestas del PSOE que abogan por el desbloqueo de las listas electorales para que el elector pueda expresar una o varias preferencias entre los candidatos de una lista, el establecimiento de la democracia paritaria y la elección directa de los alcaldes a doble vuelta.

Además, el Congreso también rechazó otras medidas socialistas, como la de endurecer el régimen de incompatibilidades de altos cargos y miembros del Gobierno, diputados y senadores, o el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente los relativos a la seguridad.