Dos supuestas víctimas de Cavallo testifican hoy ante el juez Garzón
Identificarán a Ricardo Cavallo como autor de torturas y expolio
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón toma hoy declaración a dos testigos que identificarán al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, en prisión desde que el pasado domingo fuera extraditado desde México, como autor de torturas y del expolio de los bienes económicos de desaparecidos durante la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983.
Uno de los testigos citados es Marcelo Hernández, quien padeció torturas durante varios años tras ser detenido y trasladado a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), aunque luego fue liberado. Hernández identificará a Cavallo como uno de sus torturadores.
EXPOLIO DE EMPRESAS
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Igualmente, está prevista la declaración ante el titular del Juzgado Central número 5 de Federico Gómez, hijo de Conrado Gómez, detenido y trasladado a la ESMA el 10 de enero de 1977, donde fue torturado y posteriormente asesinado. Según este testigo, Cavallo se hizo con tierras, caballos de carreras y varias empresas que pertenecían a su padre.
Se trata de la segunda ocasión en la que Federico Gómez declara ante el juez Garzón, pues ya prestó un primer testimonio en el despacho del magistrado el 31 de marzo de 1997. Esta vez, está previsto que el testigo amplíe su relato para implicar a Miguel Ángel Egea, uno de los socios de Cavallo que no había sido mencionado nunca antes como presunto represor y partícipe de los delitos que investiga el juez español.
También está previsto que Gómez identifique ante el juez a Jorge Radice, quien según este testigo también contribuyó a la represión y saqueo de los bienes de su familia. El hijo del empresario asesinado ha impulsado ante la Corte Suprema argentina una causa para declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La causa contra Cavallo, detenido el 24 de agosto de 2000 en Cancún (México), se ha visto impulsada tras la entrega del ex militar a las autoridades españolas el pasado 29 de junio. Garzón decretó su ingreso en prisión por los delitos de genocidio y terrorismo y, según los abogados de la acusación, el ex militar estaría implicado en la desaparición en la ESMA de 227 personas, así como en el secuestro y torturas de otras 110 y la detención ilegal de 16 mujeres y de sus hijos, que fueron entregados a otras familias tras nacer.
