Internacional

El Gobierno argentino ordena al Ejército detener a 46 represores de la dictadura

Un juez lo había ordenado tras la reclamación hecha por Garzón

El Gobierno argentino ha ordenado a las Fuerzas Armadas cumplir con la resolución del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso la detención de 46 ex represores vinculados con la última dictadura, a petición del juez Garzón.

Según informó el Ministerio de Defensa, su titular José Pampuro transmitió la orden a las autoridades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, durante un encuentro que mantuvo ayer jueves en su despacho.

La cartera de Defensa recibió el oficio con la orden del juez y la remitió a las autoridades militares en esa reunión para que "instrumenten las medidas necesarias con la premura del caso", señaló ese Ministerio en un comunicado.

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Baltasar Garzón tiene solicitadoa la extradicción de estas 46 personas para ser juzgados en España por violaciones a los Derechos Humanos, genocidio, terrorismo de Estado y torturas a presos políticos.

En las peticiones de arresto figuran, entre otros, los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, el ex torturador Alfredo Astiz y el ex general Antonio Domingo Bussi, algunos de los personajes más siniestros de la dictadura. Las detenciones son el paso previo a eventuales extradiciones cursadas por el magistrado español.

Una vez cumplidas las órdenes de detención, el juez Garzón contará con un plazo de 30 días para requerir formalmente la extradición de los represores al Gobierno argentino.

KIRCHNER QUIERE MEMORIA Y JUSTICIA

Actualmente rige en Argentina un decreto firmado a finales de 2001 que obliga a rechazar todas las peticiones de extradición, con base en el principio de "territorialidad", para juzgar delitos cometidos en el país.

Pero el presidente de Argentina, Nèstor Kirchner, ha dicho recientemente que las extradiciones "son un tema de la justicia" y que estudia anular la medida tomada por el ex gobernante Fernando de la Rúa.

Kirchner tambièn se ha pronunciado a favor de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que fueron dictadas en la dècada de los años 80 y por las que fueron exculpados más de un millar de militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos durante el règimen militar.

El juez argentino Rodolfo Canicoba afirma que "la detención es un paso previo a la extradición"

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