El Supremo da 15 días al Parlamento vasco para retirar a Sozialista Abertzaleak de los locales de la cámara

Madrid

La Fiscalía, el Abogado del Estado y a los abogados de la ilegalizada Batasuna tienen 15 días para presentar alegaciones a "la posible nulidad de pleno derecho" de las disposiciones de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento vasco para eludir el cumplimiento de la disolución del Grupo Parlamentario de Sozialista Abertzaleak.

En una providencia dictada hoy, el alto tribunal da traslado a las partes personadas en el proceso de ilegalización de Batasuna (Fiscalía, Abogacía del Estado y el propio partido ilegalizado) del oficio remitido por el presidente del Parlamento vasco, Juan María

Atutxa, el pasado 3 de julio, en el que se ratificaba en la "imposibilidad legal" de aceptar la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, al no estar contemplada dicha posibilidad en el Reglamento de la Cámara.

La Sala pide un informe a las partes en el plazo de 15 días "para que aleguen lo que a su derecho convenga, y en particular respecto de la posible nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones adoptadas por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento vasco, con la finalidad de eludir el cumplimiento de lo dispuesto por esta Sala en sus autos de ejecución de fechas 20 de mayo y 18 de junio del corriente año".

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Además, la Sala ha emitido un auto en el que desestima el incidente de ejecución planteado por el letrado mayor y secretario general del Parlamento vasco, Eduardo Mancisidor Alcaraz, quien argumentaba que no podía cumplir la orden del Supremo de retirar al Grupo SA "del disfrute de cuantos locales y medios materiales les fueron asignados por causa de su existencia como tal Grupo".

Mancisidor alegaba que no tenía competencias para cumplir la orden. La Sala mantiene íntegramente su requerimiento al letrado mayor, que se dirigía tambièn al presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, y le da un plazo de 15 días para informar a la Sala del cumplimiento de las medidas.

El Supremo advertía en su auto de 18 de junio que procedería judicialmente contra el letrado mayor en caso de que desatendiese o incumpliese la orden, advertencia que sigue en vigor.