Garzón pide que se tramite la extradición de 26 militares argentinos
La de los 18 restantes será solicitada en los próximos días
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha acordado hoy "proponer al Gobierno de España que solicite a las autoridades argentinas la extradición" de 26 de los 46 militares reclamados por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura en el país suramericano (1976-1983).
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En un auto notificado hoy, Garzón afirma que "sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable" no pedir las extradiciones porque el Congreso argentino haya decretado la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aunque reconoce que con ello "se ha iniciado el camino que permitirá en su día la reapertura de acciones judiciales en aquel país".
En este sentido, el magistrado cita dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que la necesidad de intervención jurisdiccional conforme al principio de Justicia universal sólo queda excluida cuando la jurisdicción territorial -en este caso, la argentina- se encuentra persiguiendo "de modo efectivo" el delito de carácter universal cometido en su propio país.
SIN RENUNCIAR A LA LEY
No obstante, el juez advierte de que "en cualquier momento posterior, vista la evolución de los hechos, el criterio podría variarse, y las propias autoridades argentinas decidir que los procesos se continúen ante las autoridades judiciales competentes de aquel país. Pero no puede, en esta fase ni en este momento, renunciarse a una jurisdicción que está marcada por la ley".
Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional aseguraron que el auto de 256 páginas en el que se propone al Ejecutivo que solicite la entrega de los 26 reclamados sería enviado hoy mismo, a través del presidente de este tribunal, al Ministerio de Justicia, cuyo titular deberá someterlo a la consideración del Consejo de Ministros "para que se le dé curso por la vía diplomática".
Esas fuentes señalaron que la resolución llevaría el sello de "urgente", ya que es imprescindible que el Consejo de Ministros apruebe las solicitudes de extradición en su próxima reunión, el 29 de este mes, porque el 2 de septiembre se cumple el plazo de cuarenta días desde que se produjeran las primeras detenciones de militares reclamados en Argentina.
Si para entonces el juez argentino Rodolfo Canicoba, que firmó las órdenes de detención, no ha recibido las peticiones de entrega podría poner en libertad a los reclamados.
Entre las 26 personas cuya extradición solicita Garzón en el auto notificado hoy figuran el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil entre los reclamados, así como el miembro de la Policía Aeronaútica Ernesto Weber y el ex integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, quien intentó suicidarse al saber que se había ordenado su arresto.
También reclama la entrega del marino retirado Alfredo Astiz, conocido como "el ángel de la muerte", Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi, Carlos Capdevilla, Carlos Daviou, Adolfo Donda Tigel, Armando Lambruschini, Basilio Lami Dozo, Luis María Mendía, Carlos José Pazo, Antonio Pernías, Jorge Perrén y Pablo García Velazco, Completan la lista Omar Domingo Rubens, Hector Mario Schwab, Julio César Coronel, Juan Carlos Trimarco, Albino Zimmermann, Augusto Neme, Luciano Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Jorge Olivera y Roberto Heriberto Albornoz.
Todos ellos fueron procesados por Garzón el 2 de noviembre de 1999 en un auto en el que se afirmaba que, en 1975, los responsables militares de cada una de las armas del Ejército decidieron derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón y diseñaron "un plan sistemático de desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos" en función de su ideología, raza o religión.
Para ello, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, aprovecharon "la propia estructura militar de la nación, dividida en seis zonas, a su vez subdivididas en subzonas y áreas" y prepararon en ellas hasta trescientos cuarenta centros clandestinos de detención "que acogerán a las personas cuya detención, desaparición y eliminación se prevé".
La infraestructura se montó para cumplir "el plan trazado de construir una 'Nueva Argentina' purificada de la "contaminación subversiva y atea" y, simultáneamente, dar la sensación de que la violencia en las calles había desaparecido por el accionar antisubversivo del Ejército, ocultando la realidad a la comunidad internacional".
Garzón afirma que, junto a las detenciones, en Argentina se vivió "una realidad atroz, reflejada en la práctica sistemática de la tortura, el exterminio generalizado; los enterramientos en fosas comunes; los lanzamientos de cadáveres desde aeronaves -conocidos como "vuelos de la muerte"-; las cremaciones de cuerpos".
Se refiere también a "los abusos sexuales y los secuestros de entre 20.000 y 30.000 personas -entre las que se hallan casi 600 españoles y descendientes de españoles-, el saqueo de bienes y enseres y su rapiña y, por último, la sustracción y consecuente desaparición de varios cientos, que según algunos estudios asciende a más de quinientos recién nacidos".
Las fuentes consultadas señalaron que, previsiblemente, el juez solicitará a finales de esta semana al Gobierno español que pida a Argentina la extradición del resto de los militares reclamados cuya detención ha sido ya notificada a la Audiencia Nacional, entre ellos los ex miembros de las Juntas Militares Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
