La fiscalía recurre la petición de Garzón para extraditar a torturadores argentinos
El fiscal argumenta que no está justificada por los cambios políticos que vive Argentina
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha recurrido el auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón en el que acordaba "proponer al Gobierno de España" que solicite a las autoridades argentinas la extradición de 26 de los 46 militares reclamados por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
En su escrito, el representante del ministerio público solicita al magistrado que "se revoque el auto recurrido, y se dicte otro por el que se deje sin efecto la propuesta de extradición", y advierte de que, en caso de que Garzón rechace su recurso, interpondrá otro ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, instancia superior al juez de instrucción.
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Rubira reitera en el recurso los argumentos empleados en el informe en el que se opuso a que se cursaran las peticiones de extradición e insiste en la falta de competencia de la Justicia española para investigar los crímenes supuestamente cometidos por los reclamados durante la dictadura argentina (1976-1983).
NI GENOCIDIO NI TERRORISMO
Asimismo, asegura que los hechos que se imputan a los reclamados no pueden calificarse ni de genocidio -porque la represión se dirigió contra personas "de todos los estratos sociales" y "muy variada ideología" y no contra un grupo específico- ni de terrorismo -porque los represores representaban al Estado y, por tanto, no pretendían "subvertir la paz social o el orden constitucional"-.
Por otra parte, el fiscal también se refiere al nuevo clima político que vive Argentina y dice que "existen datos en el sentido de que el cambio político y judicial está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos y el inicio de la nulidad de las 'leyes contra la impunidad'".
"En consecuencia, no puede aceptarse que tras los acontecimientos que está viviendo la República Argentina sea necesaria la intervención de la jurisdicción española en virtud del principio de la jurisdicción universal", concluye Rubira.
LOS ARGUMENTOS DE GARZÓN
En el auto dictado ayer, Garzón rebatía este argumento diciendo que, aunque se haya declarado la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, "sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable" no pedir las extradiciones cuando los delitos aún no se están persiguiendo "de modo efectivo" en Argentina.