Argentina pone punto final a las leyes de impunidad

Argentina dio esta madrugada un paso histórico para adecuar su legislación al Derecho Internacional al ratificar un tratado que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y anular las llamadas leyes de la impunidad.

La decisión, adoptada por el Senado por amplia mayoría, y en medio del júbilo de numerosas personas fuera del recinto, abre un nuevo debate sobre la posibilidad de reanudar los juicios a los acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que mandó en el país entre 1976 y 1983.

Los senadores convirtieron en ley el proyecto gubernamental, que tenía el aval de la Cámara de Diputados, para ratificar la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de 1968.

Pero declarar "insanablemente nulas" las leyes conocidas como de Punto Final y de Obediencia Debida, tal como lo habían hecho la semana pasada los diputados, llevó a los senadores a largos debates que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada.

Por esas polémicas normas, sancionadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), fueron exculpados más de un millar y medio de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

DECISIÓN HISTÓRICA

La decisión parlamentaria, que fue calificada de "histórica" por familiares de las víctimas de la dictadura y por organismos humanitarios, frena de hecho las peticiones de extradición de los represores formuladas por la Justicia de otros países.

El debate sobre las también llamadas leyes del perdón se disparó cuando el juez español Baltasar Garzón reiteró el mes pasado la orden de captura, con fines de extradición, de 45 militares y un civil por genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas.

La decisión del Senado, que convirtió en ley el proyecto de nulidad, abrió la discusión sobre si los tribunales locales quedan habilitados para reanudar los juicios que fueron virtualmente archivados por el Punto Final y la Obediencia Debida.

En esa línea de debate, los especialistas tienen opiniones divididas, aunque la mayoría advierte de que, en definitiva, toda decisión parlamentaria puede ser recurrida ante los tribunales superiores, incluso la Corte Suprema de Justicia.

Pero coinciden en que la decisión del Parlamento, en consonancia con lo que ha expresado el presidente del país, Néstor Kirchner, es un claro mensaje al máximo tribunal, que desde hace dos años tiene en estudio apelaciones sobre la validez de esas normas.

Los juristas sostienen que es competencia exclusiva de la Corte Suprema, en su carácter de tribunal de resguardo de las garantías y derechos consagrados por la Constitución argentina, declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia.

Una vez que el máximo tribunal se pronuncie se podrán entonces reanudar los juicios que frenaron esas polémicas normas, siempre y cuando los jueces supremos lo hagan en consonancia con la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo.

La llamada ley de Punto Final, aprobada por el Parlamento el 23 de diciembre de 1986, estableció un plazo de 90 días para que la Justicia federal reuniera pruebas y dictara auto de procesamiento a los involucrados en las violaciones a los derechos humanos.

Comenzó así un constante desfile ante la Justicia de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad y "recalentó" a los ya por entonces irritados militares, que alegaban haber actuado en una "guerra sucia" contra la guerrilla.

El malestar castrense fue en aumento con diversas manifestaciones de rechazo a la acción judicial, hasta que en la Semana Santa de 1987 un grupo de oficiales de mediana graduación se amotinó en un cuartel del Ejército a las afueras de Buenos Aires.

Ese levantamiento, denominado de los "carapintadas", por el betún que exhibían en sus rostros los sublevados, forzó al Gobierno de Alfonsín a redactar un proyecto de ley para fijar grados de responsabilidad en los crímenes de la dictadura.

El Parlamento, que deliberó "con una pistola en la sien", como alegaron varios legisladores en obvia alusión al motín militar, aprobó en rápido trámite el 4 de junio de ese año la iniciativa gubernamental conocida como ley de Obediencia Debida.

Pero la mayoría de los tribunales no diferenció grados de responsabilidad criminal, como establecía el texto de la norma, sino que exculpó a los jefes de las unidades militares que habían ordenado las violaciones a los derechos humanos.