Argentina da los primeros pasos para abolir las "leyes de impunidad"
Kirchner se plantea impulsar el juicio de los represores en Argentina
La izquierda argentina ya ha dado los primeros pasos para derogar las "leyes de impunidad" que impiden juzgar en Argentina a los más de 1.100 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de los derechos humanos.
Los grupos de la izquierda ya han pedido que se celebre el próximo 12 de agosto una sesión especial de la Cámara para debatir la derogación de las leyes exculpatorias de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas entre 1986 y 1987.
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En realidad, las llamadas "leyes de impunidad" ya habían sido derogadas en 1999, pero sus efectos de amparo se mantenían hacia el pasado. En caso de ser anuladas, los acusados no podrían acogerse al beneficio de la ley más benigna y podrán ser juzgados nuevamente en Argentina. Todas las sesiones convocadas hasta ahora para discutir la nulidad de las leyes fracasaron.
La nueva iniciativa la lideran los diputados de la Alternativa para una República de Iguales (ARI) y los socialistas, que suman 28 escaños, muy lejos de los 129 que necesitan para obtener la mayoría. Ahora, esperan conseguir el apoyo de la mayoría oficialista.
EL GOBIERNO PODRÍA IMPULSAR LA MEDIDA
Según publica hoy el diario argentino "La Nación", citando fuentes gubernamentales, la intención real del presidente, Néstor Kirchner, es generar las condiciones para que los acusados sean juzgados en Argentina. Además, dos funcionarios apuntaron al mismo diario un detalle que hasta ahora ha pasado casi inadvertido: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son inconstitucionales.
La inconstitucionalidad fue dictada por diversos jueces argentinos para reabrir juicios dentro del país y fue apelada luego ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal aún no se pronunció sobre ella y por ende la inconstitucionalidad está vigente. Es poco probable que la Corte se defina en lo inmediato porque está paralizada por el juicio político que se sigue en el Congreso.
En la Casa Rosada no se descarta que Kirchner promueva en el Congreso una ley para anular las leyes exculpatorias y así se podrían reabrir en el país todos los juicios contra represores que cometieron delitos entre los años 1976 y 1983. De ese modo, todas las extradiciones solicitadas en el exterior serían rechazadas en virtud de que esos delitos se estarían juzgando en la Argentina.
