Sociedad

La catástrofe del Prestige costará a España 600 millones de euros

La Audiencia de A Coruña levanta la imputación del delegado del Gobierno

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Así, en octubre Martín Villa espera que el FIDAC dè su visto bueno para las compensaciones a España por esta tragedia. El comisionado explicó hoy al vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, en una reunión en la Cámara Baja los estudios realizados y cuestiones pendientes en materia económica, jurídica, de limpieza de playas y de extracción del fuel del pecio.

En este sentido, Martín Villa apuntó que las pruebas para extraer el fuel comenzarán a finales de este mes y si son satisfactorias se realizarán las extracciones definitivas con bolsas lanzaderas en la primavera próxima. No será posible realizar las extracciones en los meses otoñales e invernales porque el oleaje en superficie puede dificultar las labores.

Martín Villa considera que la situación diez meses despuès de la catástrofe es "muchísimo mejor o menos mala" y que las actividades económicas se están normalizando. Además, recordó que España ya ha iniciado procesos legales contra el armador, la empresa propietaria del barco, la de la carga y la que certificó el buen estado del buque.

LA AUDIENCIA LEVANTA LA IMPUTACIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Por otra parte, La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado hoy varios autos en los que se levanta la imputación del delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, en el caso abierto por el hundimiento del "Prestige". En el auto se especifica que la Audiencia adoptó esta decisión porque "no tuvo funciones decisorias durante la gestión de la crisis".

La Audiencia ha dictado otros dos autos, uno de los cuales

levanta tambièn la imputación al entonces capitán marítimo de A Coruña, Angel del Real, y mantiene el del director general de la Marina Mercante, Josè Luis López-Sors.

El tercer auto desestima el recurso presentado por la defensa del capitán del buque, Apostolos Mangouras, por la decisión del juzgado de Corcubión que instruye el caso de no iniciar actuaciones penales contra los tres funcionarios de la Administración central que estuvieron a bordo del "Prestige" antes de su hundimiento.