El fiscal pide el archivo de la causa contra Botín por el caso de las jubilaciones millonarias
El fiscal que investiga el caso de las jubilaciones del SCH, en el que está imputado, entre otros, el presidente de la entidad, Emilio Botín, ha pedido el archivo de la causa por entender que las retribuciones millonarias pagadas a altos cargos del banco al abandonarlo "no son constitutivas de delito".
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios deberá decidir ahora sobre el archivo del caso, en el que también están imputados el ex presidente del banco José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui, debido a las cantidades que percibieron al abandonar sus puestos en el SCH.
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En un escrito al que ha tenido acceso la SER, el Ministerio Fiscal afirma que los pagos efectuados por el banco -108 millones a Corcóstegui y 43,75 millones a Amusátegui- son diferentes, pero en ambos casos lícitos, dado que respetan la Ley de Sociedades Anónimas.
UNA JUBILACIÓN PERMITIDA
El pago a Amusátegui, continúa el fiscal, fue consecuencia de un "bono de jubilación", se recogió en las cuentas anules de la entidad financiera y está permitido por los estatutos del banco.
En el caso de Corcóstegui, el Ministerio Fiscal también entiende que hay cobertura estatutaria, dado que el pago correspondía a la jubilación del mismo y a la externalización de los compromisos por pensiones que tenía en el banco.
El llamado caso de las jubilaciones se admitió a trámite por la Audiencia Nacional en noviembre del 2002, a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui en la que se acusaba a éstos de haber cometido un delito societario.