Internacional

La región francesa de Las Landas demanda a Cascos por el "Prestige"

El departamento francés considera responsable al titular de Fomento de la gestión de la catástrofe

El departamento de las Landas (suroeste de Francia) va a presentar recurso administrativo contra el ministerio español de Fomento para exigirle 1,7 millones de euros por lo gastado para paliar los efectos de marea negra causada por el "Prestige".

El abogado Renaud Lahitete, del "sindicato mixto" que reúne el consejo general de las Landas (diputación provincial) y sus 17 municipios con fachada litoral, ha señalado que el recurso por esa indemnización será "una acción en responsabilidad contra el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos".

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En dicha acción se reclamará la indemnización por considerar que las autoridades españoles tienen responsabilidad en el naufragio del petrolero "Prestige" frente a las costas gallegas hace casi un año, y de la marea negra que siguió, señaló Lahitete.

En concreto se acusará "el funcionamiento anormal del servicio público", el "alejamiento" del barco de la costa o "la insuficiencia de los medios de bombeo" del chapapote, precisó el abogado.

Los 1,7 millones de euros se han calculado a partir de los gastos que han tenido que hacer los municipios y el departamento en personal y material de limpieza de fuel.

Alvarez Cascos tendrá, cuando se formalice el recurso administrativo, seis meses para dar una respuesta al "sindicato mixto" que, si no la recibiera o si no le pareciera aceptable, podría recurrir, en un plazo de dos meses, ante la sala de contenciosos de la Audiencia Nacional española.

El consejo general se ha lanzado a este nuevo procedimiento porque sabe que las eventuales indemnizaciones del Fondo Internacional de Compensación por Daños de Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC), que disponía para esta catástrofe de una partida total de 171 millones de euros, no cubrirá más que una parte mínima del siniestro.

El "sindicato mixto" se constituyó formalmente el pasado 29 de septiembre para mutualizar los costes y las acciones de descontaminación, elaborar un estudio sobre las consecuencias económicas y medioambientales de la marea negra y lanzar propuestas para la salvaguarda del entorno marítimo.