El TC debate el recurso del Gobierno contra el plan Ibarretxe
Se han presentado dos impugnaciones
Madrid
El Pleno del Tribunal Constitucional comenzó esta mañana a deliberar la impugnación del Gobierno a la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, conocida como "Plan Ibarretxe".
Se trata del Pleno ordinario ya previsto para esta semana, en el que entre otros asuntos los doce magistrados del TC estudiarán la impugnación del Ejecutivo a la propuesta del lehendakari, Juan José Ibarretxe.
En el caso de que el Constitucional tramite la impugnación, el "Plan Ibarretxe" quedará suspendido automáticamente cinco meses, aunque el Tribunal podrá prorrogar esta decisión mientras que resuelve la cuestión de fondo.
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Por el turno de reparto establecido en el Tribunal le ha correspondido ser ponente de la resolución al magistrado Guillermo Jiménez, que como es preceptivo presenta hoy ante el Pleno su propuesta para ser debatida por todos los integrantes del Pleno.
RECUERDO A LOS ESPAÑOLES MUERTOS EN IRAK
Todos ellos interrumpieron a las doce del mediodía la sesión plenaria y salieron a la puerta de la sede del Tribunal en Madrid para guardar un minuto de silencio en memoria por la muerte de siete agentes de los servicios secretos españoles en Irak. El Pleno está formado por el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga; el vicepresidente, Tomás Vives Antón; el ponente, Guillermo Jiménez.
Lo completan los demás magistrados: Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde, María Emilia Casas, Pablo Manuel Cachón y Pablo García Manzano.
EL GOBIERNO CONTRA IBARRETXE
El Gobierno decidió el pasado 31 de octubre llevar el Plan Ibarretxe al Tribunal Constitucional y el ministro de Justicia, José María Michavila, destacó que "es una respuesta democrática a un plan totalitario".
El Servicio Jurídico del Estado presentó el pasado 13 de noviembre en el Tribunal Constitucional el escrito, que impugna en un único proceso constitucional tanto el acuerdo del Gobierno vasco del pasado 25 de octubre, como el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco mediante el que se inicia la tramitación del Plan Ibarretxe.
En los 46 folios del escrito el Gobierno trata de demostrar que el Plan Ibarretxe vulnera en más de cien ocasiones la Constitución, el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el Reglamento del Parlamento Vasco. El Gobierno alega que el Plan Ibarretxe pretende mutilar el principio básico de la soberanía en el que descansa toda la Constitución, sus valores y sus instituciones.
El Ejecutivo añade que se invoca un supuesto pueblo vasco con el objeto de que "una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho de imponer cambios constitucionales extensos y hondos a la abrumadora mayoría de ese mismo pueblo, mayoría a la que se desprecia como si para nada hubiera de contar".
El informe del Servicio Jurídico del Estado en el que se basó el escrito de impugnación destaca que el Consejo de Gobierno vasco podía legítimamente haber iniciado una reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Añade que sin embargo, el acuerdo del 25 de octubre supone, bajo el intento de una apariencia de legalidad, una utilización fraudulenta del artículo 46 del Estatuto de Autonomía del País Vasco para aprobar una iniciativa que constituye una vulneración flagrante de la Constitución.
Agrega que el acuerdo del Consejo de Gobierno pretende una mutilación constitucional sin ni siquiera acogerse al trámite de reforma de la Constitución que legítimamente podía haber iniciado el Parlamento vaso al amparo del artículo 168 de la Constitución.
El informe refleja que el Plan Ibarretxe supone una consciente y deliberada iniciativa de ruptura constitucional que se proyecta en cinco quiebras: la de los procedimientos y formas que la Constitución prevè para su reforma, la de todas las instituciones constitucionales, la del reparto competencial constitucionalmente diseñado entre el Estado y las comunidades autónomas.
Además, la quiebra de los principios democráticos de la Constitución como son el de que la soberanía reside en el pueblo español o el uso de los símbolos constitucionales y la de los valores democráticos que fundamentan la Constitución, entre los que cita el respeto a la convivencia, el pluralismo y la igualdad sin discriminación.