El PNV considera que las últimas reformas penales son "fascistas"
Arzalluz considera que Aznar desacredita la Justicia como no lo ha hecho nadie desde Franco
El PNV consideró hoy que las reformas penales promovidas por el Gobierno el pasado viernes son "fascistas" y su único objetivo es "eliminar la disidencia política" y "criminalizar ideologías legítimas".
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y el parlamentario Emilio Olabarria presentaron hoy en Bilbao el documento elaborado por el Euzkadi Buru Batzar (EBB) sobre estas últimas reformas penales, con una "concepción de corte franquista", para perseguir la convocatoria de consultas populares y la subvención a grupos ilegalizados.
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Para el PNV, las "deficiencias más groseras" de la propuesta son la falta de consenso político, cuando el Código Penal debería tener un apoyo similar al de una Constitución, y la utilización de una ley orgánica no penal, como la de Demarcación y Planta Judicial, para introducir nuevos tipos penales.
"Resulta chusco utilizar una ley no penal para reformar el Código Penal" ya que, según el PNV, el Código Penal es el que establece todos los delitos, por lo que se ha vulnerado el principio de universalidad del derecho penal.
Además, el PNV apuntó que todo Código Penal "democrático" se basa en el principio de "mínima intervención", por lo que se trata de que sea la última solución y en la persecución de actuaciones que la sociedad "de forma abrumadoramente mayoritaria repudia".
"Realizar proposiciones políticas constituye la quintaesencia de la libertad ideológica y, por ello, en términos de cultura democrática, debería considerarse precisamente la conducta menos merecedora de reproche penal; la consideración contraria es sencillamente fascista", añadió.
UNA REFORMA DESTINADA AL LEHENDAKARI
El PNV consideró que el "único" destinatario de la reforma es el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por ser el que ha anunciado la realización de una consulta si su propuesta de nuevo estatuto es aprobada por el Parlamento vasco, por lo que atribuyó a esta iniciativa el objetivo de "impedir el normal desenvolvimiento del debate político".
Asimismo, denunció la "desmesura" de la pena de 5 años de prisión por convocar un referéndum, "superior a la correspondiente a delitos particularmente repugnantes, como la corrupción de menores, la violación sin agravantes, la inducción a la prostitución de menores o la prevaricación".
No obstante, Arzalluz afirmó que no le "preocupa en absoluto" este tipo de reformas. "Casi me he alegrado porque, cuando el contrario hace muy mal las cosas, es bueno para mí", dijo el presidente del PNV, quien recordó el posicionamiento contrario a estas reformas del fiscal Ignacio Gordillo.
"Aznar ha desacreditado el derecho y la justicia como no ha hecho nadie desde Franco. Con sus obsesiones y complejos va a dejar el país hecho unos zorros", añadió.
Arzalluz anunció que mañana la dirección del PNV acompañará a Juan María Atutxa cuando vaya a declarar, junto a Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, ante el Tribunal Superior vasco y advirtió de que, si fuera procesado, se produciría una "conmoción social".
"Si fueran acusados se vería a mucha gente manifestar públicamente su indignación por el trato que se da a sus representantes en el Parlamento. Es su derecho, si no su deber, hacerlo", dijo después de considerar que la juez instructora de la querella no debe "dejarse presionar".
En cuanto a la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite de los recursos del Gobierno contra la calificación de la Mesa del plan Ibarretxe como "propuesta", Olabarria señaló que "presumiblemente lo admita a trámite", aunque sea "jurídicamente una aberración" por no existir el recurso previo de inconstitucionalidad y no ser todavía el plan Ibarretxe una ley aprobada y vigente.
